Introducción
En el año 2023, el presidente de la República anunció con gran expectativa el lanzamiento del Plan de Reactivación Educativa, una medida de emergencia para contrarrestar los efectos negativos del prolongado cierre de las escuelas durante la pandemia. Sin embargo, a casi dos años de su implementación, este plan ha quedado en deuda y no ha logrado cumplir con sus objetivos.
El problema de la reactivación educativa
Si bien el Plan de Reactivación Educativa contempla políticas para abordar los problemas más urgentes del sistema educativo, estas medidas han sido insuficientes en términos de alcance, presupuesto y seguimiento. Los resultados son alarmantes: aumento de denuncias de convivencia escolar, pérdida de aprendizaje en más de 200 mil alumnos, aumento de la deserción escolar, disminución de la asistencia a los establecimientos y puntajes SIMCE por debajo de los niveles prepandemia.
El Mineduc ha intentado mitigar los problemas de convivencia escolar ampliando el alcance del plan Habilidades para la Vida, pero este no ha tenido un impacto significativo en sus beneficiarios. Además, el presupuesto destinado a contratar equipos de revinculadores ha sido limitado, dejando a muchas comunas sin profesionales para estos equipos. Por otro lado, los esfuerzos por mejorar los aprendizajes han sido insuficientes, con tutorías de lectoescritura que solo han alcanzado al 0,6% de la matrícula escolar subvencionada y una Estrategia de Reactivación de la Matemática que solo ha asistido al 4,1% de los docentes.
La falta de recursos y la tardanza en las iniciativas
El presupuesto asignado a la reactivación escolar es considerablemente menor en comparación con el destinado a la educación superior. Además, se han recortado los aportes estatales en el nivel parvulario. Muchas de las iniciativas en reactivación han aparecido tarde, como el Protocolo de Acuerdo para fortalecer el sector, que se elaboró recién en noviembre de 2023 después de meses de paralización en el SLEP de Atacama. También se ha retrasado más de un año la elaboración del catastro que dará a conocer el estado de la infraestructura de las escuelas públicas, y este será incompleto al abarcar solo algunas regiones.
Conclusiones
La reactivación educativa ha sido una promesa incumplida y ha estado lejos de ser una prioridad para el Ministerio de Educación. Es inadmisible permitir que se normalice la aguda crisis que enfrenta el sistema educativo. Se necesitan más recursos y sistemas de monitoreo activos que permitan expandir las iniciativas exitosas y reformular las que no han dado resultados. De lo contrario, las comunidades escolares seguirán cargando con la responsabilidad de la reactivación educativa.
