¡Escándalo revelado! Irregularidades en entrega de pensiones de gracia
La Cámara de Diputados ha aprobado el informe de la comisión especial investigadora que ha destapado graves irregularidades en el procedimiento y criterios para la entrega de pensiones de gracia a las víctimas del estallido social. Esta noticia ha generado gran conmoción y preocupación en la sociedad.
Problemas identificados
Entre los puntos investigados se revisaron los 418 decretos que otorgaron pensiones de gracia por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Se ha determinado que entre los beneficiados había 40 personas con antecedentes penales y 39 que sufrieron lesiones leves. Estas personas cuentan con pensiones vitalicias.
Además, se ha observado que durante la selección de los casos no hubo una instancia conformada por profesionales de la salud en el Instituto de Derechos Humanos (INDH) ni en el Ministerio del Interior para acreditar las lesiones. Tampoco intervino un órgano técnico calificado en la materia. Esto ha generado dudas sobre la objetividad del procedimiento para constatar las afectaciones físicas.
Recomendaciones para solucionar los problemas
El informe insta al Gobierno a realizar un seguimiento de la situación de los beneficiarios con lesiones leves y revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron el otorgamiento de la pensión. Esto deberá realizarse con un procedimiento especial realizado por un organismo técnico, como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
También se recomienda reevaluar el mérito de las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales y considerar una posible mejoría física en los beneficiarios con lesiones leves. Esto es especialmente importante, ya que las pensiones otorgadas tienen carácter de vitalicias.
Problemas en el mecanismo de entrega de las pensiones
El informe también ha detectado problemas en el mecanismo de entrega de las pensiones a través de la Ley de Presupuestos. Se argumenta que esto propicia eventuales infracciones al principio de juridicidad al disponer la intervención de organismos que no tienen la competencia legal para pronunciarse sobre las solicitudes, como el INDH. Esta regulación genera incerteza jurídica sobre los criterios de evaluación de antecedentes y la acreditación de la calidad de víctima.
Conclusiones y llamado a la acción
En conclusión, este escándalo revela la existencia de graves irregularidades en el proceso de entrega de pensiones de gracia a las víctimas del estallido social. Es necesario tomar medidas urgentes para solucionar estos problemas y garantizar una mayor transparencia y objetividad en el procedimiento. Se debe evitar el otorgamiento de pensiones de gracia como medida de reparación por eventuales violaciones a los Derechos Humanos, independientemente del contexto en que se originen. Además, es fundamental que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud.
