La justicia toma medidas contra los acusados
La justicia ha decretado medidas cautelares para tres de los seis acusados en el caso de corrupción que ha sacudido a la Municipalidad de Maipú. Sin embargo, la exalcaldesa Cathy Barriga y otros dos imputados enfrentarán una solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía Oriente.
Medidas cautelares para algunos acusados
La Fiscalía Oriente ha solicitado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Andrea Díaz, exadministradora municipal, y para María Isabel Palma, exdirectora subrogante de administración y finanzas. Estas medidas se deben a su colaboración en la investigación del caso. Por otro lado, se ha pedido firma mensual y arraigo nacional para Andrea Monsalve, la falsa periodista contratada por Barriga.
La decisión de la justicia
El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago ha acogido las peticiones de la Fiscalía y ha fijado un plazo de investigación de 120 días. Sin embargo, las medidas cautelares para Cathy Barriga, Ana María Cortés y Luis Japaz, quienes son considerados los principales implicados, se solicitarán en una audiencia aparte debido a la gravedad de los delitos que se les imputan.
Las acusaciones contra Cathy Barriga
Según la Fiscalía Oriente, Cathy Barriga y sus cercanos habrían cometido diversos delitos que han causado un desfalco de casi $31 mil millones en la Municipalidad de Maipú. Se le acusa de implementar una estructura administrativa fraudulenta que permitió la malversación de fondos públicos y el bloqueo de los mecanismos de control establecidos por la ley. Además, se le imputa la falsificación de cuentas públicas, la entrega de información falsa y el fraude en el pago de sueldos a una falsa periodista.
Detalles de los delitos
Los delitos cometidos durante la gestión de Cathy Barriga en Maipú incluyen gastos multimillonarios no aprobados por el concejo municipal, la generación de presupuestos falsos y la manipulación de información para obtener la aprobación de dichos presupuestos. También se ha acusado a Barriga de falsificar cuentas públicas, entregar información falsa y desviar fondos destinados a educación para comprar collares y regalos publicitarios.
