La deuda de las Isapres alcanza cifras alarmantes
La Superintendencia de Salud ha realizado un nuevo cálculo de la deuda de las Isapres, luego del fallo de la Corte Suprema que ordena rebajar la prima de Garantías Explícitas en Salud (GES). Según el informe presentado a la Comisión de Salud del Senado, la deuda del sistema de salud privado asciende a $1.066.610 millones, es decir, US$ 1.184 millones.
Esta preocupante cifra ha generado gran inquietud, ya que las Isapres deberán pagar una suma de US$ 9,9 millones al mes durante 10 años para saldar la deuda acumulada. Además, se estima que los resultados operacionales de las Isapres sufrirán una disminución mensual de US$ 48,8 millones tras la aplicación de la tabla de factores.
Proyecciones de alza en los planes de salud
Ante este panorama, las empresas de Isapres se ven en la necesidad de aumentar los precios de sus planes base para poder recuperar los ingresos perdidos. Según las proyecciones de la Superintendencia de Salud, se espera un incremento del 41,4% en el caso de la Isapre más afectada, mientras que la mejor posicionada solo aumentaría el valor en un 6,8%.
En una simulación con contención de costos, se estima que los valores de los planes de salud aumentarán en un 39,4% y un 0,2%, respectivamente. Es importante destacar que estos incrementos no se aplicarán sobre el precio actual, sino sobre el precio resultante de los ajustes por los fallos GES, la tabla de factores única, la disminución de ingresos por menores de dos años y la cotización pactada del 7% para todos los contratos, según las indicaciones del Ejecutivo.
Preocupación por el impacto en los afiliados
Ante estas proyecciones, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, ha expresado su preocupación por el impacto que tendrán estas alzas en el bolsillo de los usuarios. Castro cuestiona la metodología utilizada para determinar la deuda y cómo afectará la rebaja del precio de las Isapres. Considera que es fundamental que estos aspectos estén claros en la ley corta de Isapres, ya que no es aceptable que los afiliados sean los que paguen esta cuenta después de años de judicialización.
