Escándalo en la Corte Suprema: Excarabinero demanda a senadora por difamación
La Corte Suprema ha admitido un recurso de protección presentado por el excarabinero Claudio Crespo en contra de la senadora Fabiola Campillai. Esta demanda surge a raíz de las acusaciones de Campillai hacia Crespo, a quien tildó de ‘violador de derechos humanos’ y lo vinculó a una empresa con tratos con la delegación presidencial de provincia Maipo.
Crespo, quien enfrenta cargos por cegar a Gustavo Gatica durante el estallido social, ha presentado este recurso para proteger su derecho constitucional al trabajo y denunciar una supuesta persecución pública antijurídica en su contra.
El conflicto entre Crespo y Campillai
La senadora Campillai acusó públicamente a Crespo de ser responsable de violaciones a los derechos humanos y de tener vínculos con una empresa relacionada con la delegación presidencial de provincia Maipo. Ante estas afirmaciones, la delegación negó cualquier relación con Crespo, quien era gerente de operaciones de la empresa de servicios de seguridad Full Clean SA.
En respuesta, Crespo emitió un comunicado en el que afirmaba que se estaba vulnerando su derecho constitucional al trabajo y presentó el recurso de protección para poder trabajar libremente. Además, exigió disculpas públicas de Campillai, dirigidas también a su familia, y el reconocimiento de una vulneración de sus derechos constitucionales.
El caso de Gustavo Gatica
Además de enfrentar esta demanda contra Campillai, Claudio Crespo también se encuentra involucrado en el caso de Gustavo Gatica, a quien se le acusa de cegar durante las protestas del estallido social. El Ministerio Público solicita una condena de 12 años de cárcel para Crespo en este caso.
Conclusión
La admisión del recurso de protección presentado por Claudio Crespo contra Fabiola Campillai ha generado un escándalo en la Corte Suprema. Este conflicto pone en tela de juicio la reputación de ambos involucrados y plantea interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones y la protección de los derechos constitucionales. El caso ahora será tramitado por la Corte Suprema, y se espera que se llegue a una resolución justa y equitativa.
