Indicaciones por Subvención Escolar Preferencial: sin extensión ni modernización
Las recientes indicaciones del gobierno al proyecto de ley que extiende y moderniza la Subvención Escolar Preferencial (SEP) arriesgan desnaturalizar el espíritu de la propuesta inicial, que apuntaba a facilitar su uso eliminando trabas administrativas que se han constatado en los 15 años que lleva en vigencia.
La SEP es un monto adicional que se entrega a los colegios por cada estudiante prioritario o preferente, es decir, aquellos con menores recursos. Los requisitos para acceder a la SEP incluyen tener dependencia pública o particular subvencionada y firmar un convenio, cuya renovación está sujeta, entre otras, a la obligación de enmarcar el gasto en un Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Lo anterior implica una rendición de cuentas específica para la SEP.
Se estima que existen $500 mil millones de saldos SEP sin utilizar, y se puede descartar como razón para ello que los colegios no los necesiten. En 2017 un informe de la OCDE entregó luces sobre la posible causa. En él, se invitaba a reflexionar sobre el proceso de rendición de cuentas, para evitar una sobrecarga del tiempo y esfuerzo del personal escolar en Chile. En esa línea, un informe de Educación 2020 indicó que más del 70% de los directores declaraban destinar entre 40% y 80% de su tiempo a cumplir exigencias burocráticas (exigencias que aumentan al firmar el convenio SEP).
Considerando la documentada importancia del liderazgo pedagógico para generar trayectorias de mejora educativa, en 2019 el Mineduc del ex presidente Piñera creó el plan “Todos al Aula”, conformado por una consulta nacional a directores y sostenedores, diálogos regionales, y una comisión transversal de expertos. El objetivo era realizar un diagnóstico de las fuentes de sobrecarga administrativa. La consulta confirmó las premisas iniciales: un 38% de la jornada directiva se destina a temas administrativos, y el 64% de los directores afirmó el deseo de poder dedicarse más al liderazgo pedagógico. En los diálogos regionales, las propuestas realizadas por sostenedores y directores incluían la disminución del trabajo administrativo y flexibilización del uso de recursos.
Por su parte, la comisión de expertos en su diagnóstico señaló que ciertos instrumentos de la SEP, con la normativa e institucionalidad actuales, se volvieron redundantes. Detectaron dos ámbitos de duplicidades: la firma del convenio y la formulación e implementación del PME. Así, propusieron eliminar la firma del convenio con el fin del financiamiento compartido, y afirmaron que la obligación de ligar todo gasto SEP al PME, así como la fiscalización independiente de recursos, dificultan la gestión y desvían la atención de los procesos pedagógicos.
Con aquellos resultados como motivación, ese mismo año el gobierno de la época presentó un proyecto de ley que busca extender y modernizar la SEP, incorporando la eliminación de la firma del convenio, unificando la rendición a la subvención regular, y redefiniendo el PME como una herramienta pedagógica (y no de gestión de recursos). Este proyecto es el mismo al que el Mineduc ingresó indicaciones a fines de junio. Y si bien es valorable este hecho como impulso para la discusión, las propuestas presentadas generan incertidumbre.
Este año, en un seminario realizado por Pivotes en mayo, el ministro Marco Antonio Ávila señaló su rechazo hacia la eliminación del convenio, por lo que no es sorpresa que las indicaciones del Ejecutivo lo restituyan, incluso cuando impide que cerca de 700 escuelas comiencen a recibir el aporte sin más trámites. Sin embargo, es desconcertante que se vuelva a asociar totalmente el gasto de la SEP al PME, incluso incorporando la obligación de considerar las recomendaciones de la Agencia de Calidad, organismo centralizado con limitadas capacidades de atender a las especificidades de cada escuela.
Si se llega a aprobar el proyecto con todas las indicaciones presentadas por el gobierno, el proyecto de ley que extiende y moderniza la SEP perderá completamente sus motivaciones iniciales: no se ampliará el beneficio a los estudiantes vulnerables que hoy no lo reciben, se mantendrán las rigideces en el gasto, y continuarán las duplicidades de rendición. Pero incluso más complejo que esto, se consolidaría una visión de desconfianza desde el Estado hacia las escuelas, hacia el liderazgo de sus directores y sostenedores, hacia la capacidad de definir sus propias necesidades, y hacia la suficiencia de las comunidades educativas para generar innovación y trayectorias de mejora.
Esperamos que el Senado, y en particular su comisión de Educación, reenfoque el debate para conseguir los necesarios objetivos que el proyecto perseguía en su propuesta original.
