¡Escándalo! Comisión contra la Desinformación genera polémica y desinformación

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    La polémica Comisión contra la Desinformación

    La Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de resolución para solicitar al Presidente Gabriel Boric que revoque el decreto N°12 del Ministerio de Ciencia, el cual crea la Comisión contra la Desinformación. Ante esta situación, la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch, ha brindado una entrevista para aclarar los objetivos y alcances de esta comisión.

    Avanzando hacia una política pública

    En sus declaraciones, la subsecretaria Cardoch ha destacado la importancia de avanzar como país en una política pública que aborde el fenómeno de la desinformación. Sin embargo, ha enfatizado en la necesidad de contar con información sólida y académica para tomar decisiones al respecto.

    La Comisión contra la Desinformación está conformada por nueve representantes de universidades privadas, estatales y públicas, así como por expertos con una amplia trayectoria en el campo de la desinformación en plataformas digitales. Su objetivo principal es analizar cómo opera la desinformación en el año 2023, tanto a nivel nacional como internacional.

    Recomendaciones y políticas públicas

    La subsecretaria Cardoch ha dejado claro que la comisión no tiene la facultad de generar políticas públicas por sí sola. Su labor se centra en la elaboración de un diagnóstico sobre la desinformación y en la presentación de posibles recomendaciones para abordar este fenómeno.

    Respeto a los derechos fundamentales

    La subsecretaria ha reafirmado el compromiso del Gobierno en respetar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sin embargo, también ha destacado la importancia de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y precisa.

    En conclusión, la Comisión contra la Desinformación busca analizar y comprender el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, con el objetivo de generar recomendaciones para una política pública informada. Aunque ha generado polémica y desinformación, es importante destacar que no tiene la facultad de determinar qué es verdad y qué es falso en el contenido de las plataformas digitales.

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