¡Escándalo en La Araucanía! Diputada Ñanco Gana Batalla Legal Contra Gobernador Rivas

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¡Escándalo en La Araucanía! Diputada Ñanco Gana Batalla Legal Contra Gobernador Rivas

En un giro inesperado, la justicia ha rechazado el intento del gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, de desaforar a la diputada Ericka Ñanco (RD) por supuestas injurias. Esta decisión representa una victoria para la parlamentaria, quien ha mantenido su posición firme en la fiscalización de posibles irregularidades en la transferencia de recursos públicos desde el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía a diversas fundaciones.

La Querella del Gobernador y la Respuesta de la Diputada

Todo comenzó cuando el gobernador Rivas presentó una querella en contra de la diputada Ñanco por el delito de injurias con publicidad, tras los comentarios que ella hizo en el hemiciclo de la Cámara sobre posibles irregularidades en las transferencias de fondos públicos. Rivas también solicitó el desafuero de la parlamentaria, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso terminó por rechazar este requerimiento.

La diputada Ñanco calificó la acción del gobernador como una acción desesperada y lo instó a no hacer perder el tiempo a los ministros del tribunal de alzada y no utilizar el poder judicial para hacer puntos políticos. Ella aseguró que solo estaba cumpliendo con su labor fiscalizadora, la cual está amparada por la Constitución.

La Importancia de la Transparencia en el Manejo de Fondos Públicos

El Gobierno Regional de La Araucanía es el que más dinero ha transferido a fundaciones en todo el país, superando los 44 mil millones de pesos. Esta cifra ha despertado el interés de la Fiscalía, que ahora indaga la serie de convenios realizados. La diputada Ñanco ha sido clave en visibilizar esta situación y exigir mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

Conclusión: Una Victoria para la Democracia y la Rendición de Cuentas

El rechazo del desafuero contra la diputada Ñanco es una victoria para la democracia y la rendición de cuentas. Esta decisión judicial reafirma la importancia de la labor fiscalizadora de los parlamentarios, quienes deben poder ejercer su función sin ser objeto de represalias políticas. La transparencia en el manejo de los fondos públicos es fundamental, y casos como este demuestran que la ciudadanía y sus representantes deben mantenerse vigilantes para garantizar el uso adecuado de los recursos.

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