Expertos Advierten: Discusiones sobre Pena de Muerte Deben Hacerse con Sentido de Realidad
Las recientes declaraciones del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sobre la posibilidad de debatir la reinstauración de la pena de muerte en Chile, han generado diversas reacciones en el país. Mientras que algunos han respaldado la idea, la delegada presidencial regional, Sofía González, ha hecho un llamado a que estas discusiones se lleven a cabo con sentido de realidad y considerando los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito.
Llamado a la Responsabilidad
Según González, Hay discusiones que deben hacerse con sentido de realidad, comprendiendo también cuáles son los distintos acuerdos internacionales que tiene nuestro país en esa dirección
. La delegada enfatizó la necesidad de tomar decisiones fortaleciendo la institucionalidad disponible en Chile para combatir la delincuencia.
Derechos Humanos y Tratados Internacionales
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también se pronunció sobre el tema, destacando la participación de Chile en tratados internacionales que prohíben la pena de muerte. Según el jefe regional de O’Higgins, David Bahamondes, Chile está suscrito al Pacto de San José y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido
.
Eficacia de la Pena de Muerte en Debate
Además, la académica de la Universidad de Playa Ancha, Constanza Valdés, comentó que la pena de muerte como política criminal en otros países no ha logrado disminuir los crímenes. Valdés también precisó que en Chile la pena de muerte está parcialmente derogada, y que solo sigue vigente en el Código de Justicia Militar para tiempos de guerra.
Conclusión
Ante este debate, es evidente la necesidad de abordar el tema de la pena de muerte en Chile de manera responsable y con pleno respeto a los acuerdos internacionales suscritos por el país. Las autoridades y expertos coinciden en la importancia de fortalecer las instituciones y las políticas públicas para combatir la delincuencia, sin caer en soluciones simplistas que puedan poner en riesgo los derechos humanos y la imagen internacional de Chile.
