Parlamentarios respaldan petición de información al Gobierno por convenio suscrito con Venezuela
Ex autoridades y diputados de la comisión de Relaciones Exteriores respaldaron la petición de información a las subsecretarías del Interior y Relaciones Exteriores por el convenio de seguridad que suscribieron Chile y Venezuela en enero pasado.
Fue el pasado 18 de enero que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, firmó un convenio de cooperación policial con el régimen venezolano. Acuerdo suscrito por ambas naciones que todavía sigue trayendo repercusiones para la administración del Presidente Gabriel Boric.
Contraloría pide información al Gobierno por posible ilegalidad en convenio entre Chile y Venezuela
En este sentido, la contralora Dorothy Pérez, luego de que la diputada Gloria Naveillán pidiera iniciar un procedimiento administrativo, solicitó a los subsecretarios del Interior y Relaciones Exteriores, Manuel Monsalve y Gloria de la Fuente, respectivamente, se pronuncien sobre el contenido del convenio suscrito entre Chile y Venezuela.
La Contraloría afirmó que por lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se debe informar al Organismo Contralor el tenor de lo expuesto por el recurrente en un plazo de 10 días hábiles administrativos.
El exministro del Interior, Jorge Burgos, respaldó la solicitud de Contraloría y la calificó como algo “común”.
¿Qué dice el acuerdo de colaboración entre Chile y Venezuela?: revisa acá el documento
El diputado del Partido Socialista y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Tomás De Rementería, afirmó que el convenio suscrito es beneficioso para Chile y criticó a la oposición.
Mientras que el jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, cuestionó la eficacia del Gobierno en la firma del acuerdo suscrito con el régimen venezolano.
A pesar de la defensa que han hecho las autoridades de Gobierno del convenio con la administración de Maduro, y a que este aún no se encuentra activo –puesto que Venezuela aún no nombra el representante que estará a la cabeza de ejecutarlo– en la oposición persisten las dudas sobre su legalidad, sobre todo tras el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
