Escándalo en la Corte de Santiago: autorización polémica de Urrutia para videollamadas a reos peligrosos queda sin efecto
En una decisión sorprendente, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha dejado sin efecto la polémica autorización concedida por el juez Daniel Urrutia para que reos peligrosos pudieran realizar videollamadas. Esta resolución ha sido votada por tres votos contra cero y se ha determinado que el caso sea enviado al pleno del tribunal de alzada debido a las numerosas irregularidades detectadas.
Los ministros encargados de la sentencia han declarado que la resolución impugnada se encuentra teñida de ilicitud, ya que fue dictada por un tribunal distinto al que corresponde según el ordenamiento jurídico. Además, se ha argumentado que las decisiones de Urrutia fueron adoptadas sin oír a los intervinientes, lo cual resulta improcedente incluso en el caso de una persona privada de libertad. Este defecto procesal no puede ser salvado por la realización posterior de una audiencia sin fundamentación alguna.
Asimismo, se destaca que Urrutia actuó en contrariedad con las normas administrativas que regulan la seguridad en los establecimientos penitenciarios, lo cual va en contra del principio de legalidad establecido en la Constitución Política de la República. El juez se arrogó facultades que no posee y adoptó medidas frente a supuestos de hecho no contemplados en el Código Orgánico de Tribunales, lo que confirma la ilegalidad de su proceder.
En consecuencia, se ha decretado dejar sin efecto las autorizaciones concedidas y se han invalidado las peticiones realizadas por los reos en el arbitrio de apelación. Además, se anula de oficio el fallo en revisión en lo que respecta a los internos a quienes se les autorizaron visitas mediante videollamadas, remitiendo los antecedentes al Tribunal Pleno para los fines pertinentes.
Este escándalo en la Corte de Santiago ha generado un gran revuelo en la opinión pública y ha puesto en entredicho la actuación del juez Urrutia. La sociedad espera que se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y legalidad en el sistema judicial.
