El oscuro panorama de los municipios
En los últimos años, y especialmente a partir de la pandemia, los alcaldes y sus municipios han sido, fuera de toda duda, una figura preeminente de nuestra contingencia. Desafortunadamente, muchas veces las razones que explican este interés mediático hacia ellos obedecen más a falencias en la gestión que a los aciertos realizados por las mismas.
Una primera mirada al problema sugiere que muchos de estos casos obedecen a causas totalmente distintas: la situación del ex edil de Vitacura, investigado por fondos que, de acuerdo a la Fiscalía, habrían ido directamente a su persona, dista de asimilarse a los hechos ocurridos en Las Condes o Santiago, que más bien tendrían que ver hasta ahora con la celebración de contratos gravosos o dispendiosos.
Al mismo tiempo, la controversia que en el municipio de Viña del Mar se ha suscitado con motivo de la aprobación o aquiescencia otorgada a la contratación del cantante Peso Pluma no guarda relación con los antecedentes de corrupción conocidos en San Ramón, así como tampoco éste la tendría con la situación que actualmente enfrentan las ex alcaldesas de Maipú o Concepción.
Ahora bien, una segunda lectura sí permite entrever un sustrato compartido, el cual se refleja en dos elementos: el mal manejo de recursos públicos a través de la malversación de los mismos, asociación ilícita o por fraude al Fisco, por una parte, y -más relevante aún- el rol que los funcionarios de confianza han ejercido en la conducción de los ayuntamientos: personeros que cuentan con el respaldo y apoyo directo y personal de los ediles, y cuyo nombramiento estuvo o ha estado determinado por la discrecionalidad de los alcaldes.
En no menor medida, estos dos elementos se entrelazan y explican la situación por la que atraviesan los municipios señalados. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Más allá de las sanciones punitivas que puedan determinarse para los eventuales responsables, subyace una problemática aún más grave, y es que, al erguirse de cara a la ciudadanía como el rostro más palpable de lo público, estos procesos no hacen sino ahondar la percepción negativa de la sociedad civil hacia lo político (en su conjunto).
Es en ellos, dicho de otra manera, donde la gente advierte con mayor gravedad el efecto que las malas prácticas tienen en sus cotidianas vidas, pues dichos recursos malgastados o desviados -piensan- podrían estar yendo en beneficio de la comunidad y de ellos mismos.
Esto mismo, resta señalar, aplica también para las gobernaciones regionales tras el destape del denominado caso Democracia Viva, y es lo que explica la mayor gravedad que enfrenta este desafío, habida consideración de las elecciones municipales, de gobernadores y de consejeros regionales de octubre, hito clave para las presidenciales del 2025.
Por lo mismo, cabría suponer -hacerlo parece del todo razonable- que la política estaría abocándose a la solución de estas problemáticas; a saber, la mala gestión pública a nivel local y regional. Sin embargo, pareciera estar lejos de las prioridades en la discusión pública la necesidad de emprender una modernización del Estado en esta materia.
En consecuencia, resta preguntarse hasta qué punto los partidos políticos, que no son sino quienes han promovido a estas figuras, se harán cargo de los elementos señalados. ¿Está dentro de sus prioridades, pensando en las elecciones, encargarse de las falencias que están mostrando las administraciones municipales? ¿O, como hemos planteado en Pivotes, comprometerse a que al menos los principales puestos de confianza de los municipios -el administrador municipal, el secretario comunal de planificación y coordinación, el director de desarrollo comunitario, el director jurídico y las cabezas de las corporaciones de salud y educación- sean designados de una forma transparente y que minimice los espacios para el pituto y el amiguismo?
En no menor medida es responsabilidad de las colectividades haber encumbrado y depositado a estas personalidades en el poder, y el meollo trasciende el mero criterio de considerar candidaturas aptas y capaces para promover sus idearios, pues se trata, como ya se señaló, del rostro más cercano que muchos ciudadanos pueden tener de lo público.
Por ello, abordar oportunamente este desafío, me temo, no hará sino redundar en un mayor deterioro de su legitimidad, bastante precaria y endeble a estas alturas.
