El ingreso ilegal a Chile: un delito con penas severas
La Cámara de Diputados ha aprobado recientemente un proyecto de ley que busca tipificar como delito y sancionar el ingreso ilegal a Chile. Esta iniciativa, presentada por el diputado Andrés Longton (RN), ha generado gran controversia y ha despertado el interés de la opinión pública.
Las penas establecidas por la nueva normativa
Según lo establecido en el texto, se castigará con pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) la entrada irregular al país, ya sea a través de un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio. Como alternativa, al ciudadano extranjero se le podrá aplicar una multa de entre 5 y 10 unidades tributarias mensuales (entre 323 mil y unos 646 mil pesos aproximadamente).
Tras cumplir la pena determinada por la ley, la norma establece la expulsión a la brevedad del ciudadano extranjero. Sin embargo, en caso de que el extranjero que ingrese al país tenga causales de impedimento o prohibición de hacerlo, deberá cumplir una pena de presidio menor en su grado medio a máximo; es decir, entre 541 días y 5 años. Una pena similar recibirán quienes ingresen o salgan de Chile con un documento de identidad o de viaje falso. La ley establece que luego de que la persona cumpla la pena de cárcel deberá ser expulsado del territorio nacional.
Excepciones a la normativa
Es importante destacar que la ley no se aplicará a aquellos extranjeros que reúnan las condiciones de refugiados y provengan de territorios donde su vida o libertad esté amenazada. Además, la norma tampoco se aplicará a niñas, niños o adolescentes, ni al padre, madre, guardador o persona a cargo del menor.
Conclusiones
El proyecto de ley que busca sancionar el ingreso ilegal a Chile ha generado un intenso debate en la sociedad. Las penas establecidas por esta nueva normativa buscan disuadir a aquellos que intenten ingresar al país de manera irregular, protegiendo así la seguridad y el orden público. Sin embargo, es importante tener en cuenta las excepciones contempladas en la ley, que buscan garantizar los derechos de aquellos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.
