¡Escándalo! UDI exige la destitución de autoridades tras informe de Contraloría
La bancada de diputados UDI, encabezada por Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, ha solicitado la salida inmediata de varias autoridades del Gobierno luego de que se revelara el informe de Contraloría sobre el caso Convenios. Este informe revela graves irregularidades en la entrega de recursos a fundaciones por parte de gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda, las cuales se han replicado en 15 regiones del país.
Ante esta situación, los diputados UDI han instado al presidente Gabriel Boric a tomar medidas drásticas y pedir la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes, del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y todos los seremis del Minvu.
Los parlamentarios de la UDI han expresado su preocupación por la falta de acción por parte del presidente Boric frente a este escandaloso caso de corrupción. Consideran que estas irregularidades constituyen uno de los casos más graves en la historia del país y exigen que se asuman todas las responsabilidades correspondientes.
En palabras de Coloma y Ramírez: “Llegó el minuto de que el presidente Boric cumpla su palabra y deje de eludir las responsabilidades que tiene su administración de gobierno en este grave caso de corrupción que se ha instalado en nuestro país. El contralor Jorge Bermúdez fue absolutamente claro en señalar que el mismo mecanismo que utilizó la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, y que está estrechamente vinculada con uno de los principales partidos de su coalición, se repite en prácticamente todas las seremis de Vivienda, sin ninguna distinción y a vista y paciencia de las actuales autoridades”.
La respuesta desde La Moneda
Ante el informe de Contraloría, el Gobierno ha salido al paso asegurando que este mecanismo de entrega de recursos estaba instaurado desde la segunda administración de Sebastián Piñera y que responde a una debilidad institucional. La vocera Camila Vallejo ha explicado que no se trata de un modus operandi, sino de una brecha institucional que permite este tipo de irregularidades.
Vallejo ha recalcado que esta debilidad institucional fue diseñada durante el gobierno anterior y que el informe de Contraloría solo constata esta situación. Según la vocera de Gobierno, esto ha permitido que personas con intenciones fraudulentas puedan defraudar al fisco.
