Antecedentes
«Lo que garantiza el proyecto de ley es que todos los establecimientos, independientemente del origen de la familia, de la capacidad económica del municipio, tengan calidad». La frase fue pronunciada un 2 de noviembre de 2015 por la entonces ministra de Educación, Adriana Delpiano, en La Moneda. Corría el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet.
Tras casi dos años de tramitación, en octubre de 2017 ley fue despachada por el Congreso. Pese a los reparos planteados en torno a su diseño, implementación y las consecuencias que podría generar, la reforma contó con el respaldo unánime del Senado.
Jueves 16 de noviembre de 2017. El patio de los naranjos se muestra atestado de autoridades, dirigentes sociales, profesores y niños. Entre vítores, aplausos, trompetas y saxofones, el gobierno promulga la ley que crea un Nuevo Sistema de Educación Pública (N°21.040). Una autoridad educativa regional invitada a la ceremonia sentenció: «Las familias pueden estar tranquilas que la educación que sus hijos reciben ya no depende de la voluntad, compromiso o habilidades de un determinado alcalde, sino de un organismo técnico creado especialmente para este fin».
Octubre de 2023. El paro de profesores en la región de Atacama, motivado por las condiciones de infraestructura, falta de insumos y problemas de administración, ya supera los cincuenta días, manteniendo con ello a casi 30 mil estudiantes sin clases y con riesgo de perder el año escolar. Como si el daño educacional generado por una pandemia no hubiese sido suficiente.
Tras tomar conocimiento de la situación, Nicolás Cataldo (PC), titular de Educación, ex asesor del Mineduc en tiempos de Bachelet II y uno de los principales promotores de la reforma, esgrimió: «Mineduc no tiene herramientas para intervenir». Al mismo tiempo, y mediante un comunicado público, todos los partidos de Gobierno respaldaron la reforma que hace ocho años diseñaron e impulsaron.
Resultado
A este punto, pareciera que la tragicomedia (no es un chiste) se narra por sí sola. Las razones sobran: en lugar de nombrar a un administrador provisional, que la Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación contempla ante situaciones de riesgo que puedan afectar la continuidad del servicio, no se ha hecho nada. En lugar de instruir a la Superintendencia de Educación para que inicie algún proceso, no se ha hecho nada. ¿Y los docentes? En virtud del Estatuto Administrativo, por ser funcionarios públicos se encuentran afectos a la prohibición de huelga, debiendo descontárseles de sus remuneraciones los días de clase perdidos. Adivine qué… no se ha hecho nada. Pase a las observaciones, precauciones y alertas que desde hace años se vienen esgrimiendo en torno a la implementación del nuevo sistema, se ha optado por seguir. En lugar de atenerse a la evidencia, quienes promovieron -y lo siguen haciendo- parecieran estar más aferrados al idealismo ideológico que subyace a esta reforma. Lejos de asumir la responsabilidad por haber impulsado una mala reforma -porque eso es lo que es-, han optado por culpar a la «municipalización de la gestión educativa» que comenzó en el año 1981. Como si entre la fecha y nuestro presente no hubiesen sido gobierno o no hubiesen tenido mayorías parlamentarias para enmendar las fallas que se han ido presentando. En vistas de la incapacidad del actual ministro por liderar el que quizás sea el mayor desafío de nuestro país a largo plazo, como lo es la reactivación educativa, bien cabe exigírsele que al menos asuma la complejidad subyacente a la aplicación de su propia creación y articule un acuerdo que permita corregir sus problemas estructurales.
