Un capitán del Ejército, identificado como C.L.C.L., de 36 años, fue formalizado por almacenamiento de material de abuso sexual infantil en Puerto Aysén. El Juzgado de Garantía de esa ciudad rechazó la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía y determinó arresto domiciliario total para el oficial.
La detención se realizó este martes en su vivienda fiscal, ubicada dentro del Regimiento N°8 Chiloé. Según la investigación, el uniformado poseía más de mil archivos, entre imágenes y videos, algunos de los cuales fueron generados mediante inteligencia artificial (IA).
La investigación se inició en septiembre bajo la dirección de la Fiscalía Local de Coyhaique, en colaboración con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI. Las diligencias permitieron establecer que los archivos fueron descargados desde el domicilio del imputado.
Tras coordinaciones con el regimiento, detectives ingresaron a la vivienda e incautaron un computador y un disco duro. El fiscal Pedro Poblete Viejo, a cargo de la formalización en Puerto Aysén, detalló ante el tribunal el contenido de los equipos.
“Solamente en la revisión de los primeros archivos, se pudieron rescatar más de 50 archivos que mantenían representaciones de menores de edad en actividad sexual”, señaló Poblete.
Los peritajes posteriores confirmaron que el volumen total de material ilícito superaba el millar de registros. Además, se conoció una declaración del imputado donde reconoció haber utilizado herramientas de IA para crear imágenes y videos a partir de fotografías obtenidas de internet.
El fiscal Poblete había solicitado la prisión preventiva, argumentando que la libertad del capitán representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el magistrado Rodrigo Grez denegó esta petición.
El tribunal consideró que las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma quincenal en la Segunda Comisaría de Carabineros eran suficientes, tomando en cuenta la pena asignada al delito y la irreprochable conducta anterior del imputado.
La IV División de Ejército confirmó que la PDI realizó diligencias en una vivienda fiscal de su regimiento, ocupada por un miembro de la unidad, y manifestó su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes, facilitando los antecedentes que sean requeridos”. La institución también reafirmó su “compromiso con el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico y rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes”.
El plazo fijado para la investigación es de 60 días, y esta continuará bajo la dirección de la Fiscalía Local de Coyhaique.