Desarticulan banda de préstamos «gota a gota» en Atacama: 10 detenidos

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Una organización criminal compuesta por diez ciudadanos colombianos fue desarticulada en Copiapó y Vallenar, región de Atacama, por dedicarse a los préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”. El operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía permitió incautar bienes, vehículos y dinero en efectivo por un valor superior a los $100 millones.

La investigación, llevada a cabo por detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI Copiapó en conjunto con la Unidad SAC de la Fiscalía de Atacama, reveló que la banda operaba desde al menos 2022. Sus principales clientes eran comerciantes, especialmente feriantes, a quienes ofrecían créditos de rápido acceso con intereses diarios que excedían las tasas legales.

Según el subprefecto Luis Valenzuela, jefe de la Brilac Copiapó, los imputados utilizaban locales comerciales en Copiapó y barberías como fachadas para ocultar el origen ilícito de sus fondos y dar una apariencia de legalidad a su patrimonio.

El trabajo investigativo incluyó un exhaustivo análisis criminal, tributario y financiero. Gracias a ello, se identificó parte del patrimonio de la organización, que incluía tres vehículos valorados en más de $70 millones, cuatro motocicletas usadas para las transacciones y más de $24 millones en efectivo. En total, se allanaron ocho inmuebles para recopilar pruebas y detener a los implicados.

El fiscal Pedro Pablo Orellana detalló que la organización tenía una estructura jerárquica y roles definidos entre sus miembros. Además, se descubrió que uno de los presuntos líderes realizó abonos por cerca de un millón de dólares en sus cuentas bancarias durante el período investigado.

Orellana añadió que todos los detenidos tenían residencia regular en Chile y carecían de antecedentes penales.

Tras la audiencia de formalización, la Fiscalía imputó cargos por asociación delictiva, usura, invasión de giro bancario, lavado de activos y asociación delictiva para el lavado de activos. El tribunal decretó la prisión preventiva para los diez imputados (ocho hombres y dos mujeres), considerándolos un peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijó un plazo de cinco meses para las diligencias restantes.

El Gobierno valoró positivamente el resultado del procedimiento, destacando el impacto económico generado contra esta estructura criminal, especialmente por la incautación de su patrimonio y la interrupción de sus fuentes de financiamiento ilícito en la región.

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