La Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, que declaró como discriminación política el despido de una funcionaria por parte de la administración municipal, liderada por el alcalde del Partido Cristiano, Héctor Muñoz. Este fallo es definitivo, obligando a la corporación edilicia a cumplir con el pago de una indemnización.
La extrabajadora Camila Jarpa, militante del Frente Amplio, recibirá 17 millones de pesos. La sentencia confirmada por el máximo tribunal establece que “la decisión de no renovar el contrato de la funcionaria constituye un acto de discriminación arbitraria por razones políticas, vulnerando el derecho de igualdad de trato y de no discriminación en el empleo”.
A través de un comunicado, Jarpa expresó su posición frente a la resolución judicial. La exfuncionaria señaló que
“ninguna persona debería perder su trabajo por sus ideas, sus convicciones o sus diferencias políticas”.
Además, enfatizó la responsabilidad de las instituciones públicas al afirmar que “las instituciones públicas tienen una responsabilidad aún mayor al respecto: deben dar el ejemplo”.
Con esta resolución, la Municipalidad de Concepción deberá acatar el pago de la indemnización, cerrando así un proceso judicial que resalta la importancia del respeto a la diversidad de pensamiento en el ámbito laboral público.