El exministro Álvaro Elizalde respaldó la acusación constitucional contra el titular de Justicia, Fernando Rabat. Aseguró que el ministro habría cometido al menos cuatro infracciones legales y constitucionales, en el marco de la controversia por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
En entrevista con Mesa Central, Elizalde cuestionó la actuación de Rabat. Afirmó que el libelo acusatorio tiene fundamentos sólidos, aunque reconoció no conocer su contenido específico. “Es una acusación constitucional que a mi entender tiene fundamentos, a mi entender el ministro Rabat cometió infracciones legales y constitucionales, no tengo dudas al respecto”, enfatizó.
Elizalde identificó la primera infracción en el presunto incumplimiento de una ley de 2022. Esta normativa, explicó, excluye de determinados beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
En segundo lugar, el exministro criticó el otorgamiento de beneficios a personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos. Argumentó que no se habrían cumplido las exigencias establecidas en los tratados internacionales suscritos por Chile.
El tercer punto de la acusación se centra en la decisión de Rabat de suspender las resoluciones relacionadas con estos beneficios. Según Elizalde, esta determinación habría vulnerado la obligación legal de actuar de manera expedita y el principio de inexcusabilidad.
“Cuando toma la decisión de suspender las decisiones, pasa a llevar la obligación legal de actuar de manera expedita y el principio de inexcusabilidad”
Finalmente, el cuarto cuestionamiento se relaciona con la información que Rabat entregó ante el Congreso Nacional. Elizalde acusó que el ministro presentó datos parciales sobre las resoluciones y los criterios jurídicos utilizados, señalando: “Cuando él va al Congreso Nacional y le piden que dé cuenta de lo que hizo, el ministro entregó información parcial. Y miente”.
Respecto a este último punto, Elizalde cuestionó que Rabat citara únicamente fallos judiciales que apoyaban su interpretación, omitiendo otras resoluciones que, según su planteamiento, también debían ser consideradas. “Cita jurisprudencia parcial, hace mención de casos que solo favorecen su tesis. Entrega información parcial y no muestra todos los fallos. Acto seguido dice que estaba obligado porque había una jurisprudencia uniforme unívoca”, concluyó.
