La violencia persiste en los centros del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRSJ), organismo que reemplazó al Sename. Trabajadores denuncian agresiones físicas y verbales por parte de los jóvenes internados, situación que contradice la promesa estatal de terminar con las vulneraciones. Desde enero de 2024, cuando el SRSJ inició operaciones en la zona norte del país, se han reportado 285 denuncias por ataques contra funcionarios.
Ana, educadora en un centro de La Serena, relató el temor constante entre el personal. “Si están matando a alguien, no podemos hacer nada porque nos exponemos a que las niñas nos hagan cualquier cosa”, lamentó, refiriéndose a las amenazas y agresiones vividas con 25 jóvenes a su cargo. Nuestro medio recabó que entre abril de 2024 y agosto de 2026, las denuncias incluyen desde amenazas y conductas sexualizadas hasta agresiones con peligro de muerte. En su turno, Ana y otra colega eran responsables de un grupo de 25 menores, exponiéndolas a constantes riesgos.
El SRSJ busca diferenciarse del antiguo Sename, dividiendo sus funciones. Mientras el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia atiende a niños y adolescentes con derechos vulnerados, el SRSJ se enfoca en jóvenes que han infringido la ley. Sin embargo, su puesta en marcha ha estado marcada por serias complicaciones.
Las cifras obtenidas vía Transparencia detallan la gravedad de las denuncias: 150 casos corresponden a “amenaza seria”, 86 a agresión física sin peligro vital, 20 a agresión sin especificar, 13 a resistencia grave y activa, 6 a conducta sexualizada, 3 a agresión con peligro de vida y 1 a agresión sexual.
A mí no me gustan las viejas culiás sapas, así que me las voy a pitear
María, educadora de trato directo en otro centro de La Serena, sufrió un incidente traumático cuando un menor de 13 años la amenazó con un cuchillo, diciendo: “A mí no me gustan las viejas culiás sapas, así que me las voy a pitear”. Tras denunciar, María solicitó la activación del protocolo con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y obtuvo una licencia médica. Sin embargo, poco después fue desvinculada, según ella, por “no saber trabajar con jóvenes con mal comportamiento”.
José, gendarme con más de seis años de servicio en una Unidad de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (IP-IRC), corrobora la falta de apoyo directivo ante las agresiones diarias. “Para mí, esto fue un cambio de nombre. La unidad sigue funcionando igual o peor que la administración anterior”, afirmó, evidenciando que la problemática de violencia no se ha resuelto con la transición.
La región del Bío Bío es la más afectada, registrando 63 ataques a trabajadores desde la implementación del servicio: 23 en 2025 y 40 hasta agosto de 2026. Alejandro Saavedra, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Servicio de Reinserción Juvenil (ANFUR) para el Bío Bío, atribuye esta situación a la sobrecar
