A cinco años de la muerte de Karin Salgado, la implementación de la ley que lleva su nombre sigue enfrentando desafíos. Esta normativa, que busca combatir el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, surgió tras el caso de Salgado, quien dedicó 14 años a sus pacientes en el Hospital Herminda Martin de Chillán.
Karin, técnica en enfermería de 40 años, falleció por suicidio el 12 de noviembre de 2019. Su historia puso en evidencia la falta de mecanismos institucionales para prevenir, reconocer e intervenir en situaciones de maltrato. Compañeros de trabajo la recuerdan por su dedicación y cuidado hacia los niños de Pediatría, a quienes llamaba sus “pacientitos”, e incluso por su preocupación por dos perros del hospital, Martín y Herminda.
Sus últimos años laborales estuvieron marcados por conflictos. En enero de 2018, fue inicialmente llamada como testigo en una investigación por hurto de insumos, pero terminó sancionada y trasladada a la bodega de farmacia, lo que implicó una reducción de sus ingresos. Esta situación generó una gran preocupación económica, ya que su sueldo era su única fuente de recursos para cubrir gastos básicos, según explicó en una presentación ante Contraloría.
La muerte de Karin conmocionó a sus colegas, quienes exigieron explicaciones y llevaron el caso fuera del hospital. Esto visibilizó una realidad de malos tratos y desprotección en ambientes laborales, que hasta entonces había sido normalizada por frases como “así es el jefe”. En 2021, una investigación de este medio reconstruyó su caso, destacando testimonios sobre su espíritu solidario, como haber ayudado a una niña abandonada a encontrar una familia adoptiva.
La familia y quienes apoyaron la causa de Karin impulsaron cambios para proteger a otros trabajadores. Así, el 1 de agosto de 2024, comenzó a regir la Ley 21.643, conocida como Ley Karin. Esta legislación exige a empleadores e instituciones públicas establecer protocolos de prevención, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, reconociendo que incluso una sola conducta puede constituir acoso.
El cambio legislativo ha sido significativo, pero la aplicación de la ley ha revelado las dificultades para transformar prácticas profundamente arraigadas. Entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de junio de 2026, la Dirección del Trabajo registró 92.643 ingresos por posibles situaciones contempladas en la Ley Karin. De estos, 32.565 fueron clasificados para continuar su tramitación bajo la nueva normativa, y 14.658 avanzaron en el proceso, evidenciando la magnitud del problema y los desafíos aún pendientes para una prevención efectiva y protección real de los trabajadores.
