Alejandro Irarrázaval, asesor clave del presidente José Antonio Kast, está nuevamente bajo el escrutinio público. Se le vincula a una empresa que arrastra una deuda significativa con el Estado y que enfrenta una demanda por parte de la Tesorería General de la República por cobro de patentes de agua no utilizadas.
Un reportaje de Tele13 reveló que Irarrázaval, jefe del Segundo Piso de La Moneda, mantiene una participación indirecta en Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. Esta compañía registra una deuda cercana a los $149 millones. El monto corresponde a patentes de derechos de aprovechamiento de aguas que no han sido utilizados y se acumula desde 2015.
La situación escaló el 28 de mayo de 2026, cuando la Tesorería General de la República presentó una demanda de cobro formal. Aunque Irarrázaval se desvinculó de la administración de la agrícola en agosto de 2025, su conexión societaria persiste a través de Inversiones San Juan Limitada, una sociedad que lo vincula a él y a su esposa.
Estos hechos han generado cuestionamientos en el ámbito político sobre los posibles conflictos de interés que podría tener el asesor presidencial. La diputada del Partido Comunista, Sofía González, calificó la situación de «inaceptable».
“Sin duda, esto es impresentable y seguro que en otro gobierno le habría costado el cargo. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los parámetros de la actual administración”, sostuvo González.
Desde el entorno de Irarrázaval, se ha asegurado que el asesor presidencial ya no tiene injerencia en la gestión de la agrícola. Además, afirman que los cobros en cuestión están siendo impugnados por vías administrativas y judiciales.
El diputado del Partido de la Gente, Guillermo Valdés, expresó su preocupación, indicando que estos antecedentes envían una señal negativa a la ciudadanía. Recalcó la importancia de que las obligaciones legales sean cumplidas por todos, sin distinciones. “Mientras nuestros agricultores hacen enormes esfuerzos por salir adelante, debemos garantizar que todos cumplan la ley, sin privilegios, sin excepciones”, afirmó Valdés.
En el oficialismo, la postura inicial es esperar la versión oficial del Ejecutivo antes de emitir juicios. Sin embargo, la diputada UDI Flor Weisse enfatizó la necesidad de aplicar la igualdad ante la ley de manera universal, sin importar los cargos o responsabilidades. “Aquí la responsabilidad corre y rige para todos. Igualdad ante la ley, y aquí se tiene que aplicar la justicia para todos”, señaló Weisse, solicitando celeridad en las indagaciones para esclarecer los hechos.
Hasta el momento, La Moneda no ha emitido una declaración oficial, pese a las consultas. Internamente, el Ejecutivo defiende la necesidad de establecer los hechos con claridad antes de dar respuestas formales.
