La oposición en pleno se prepara para presentar esta semana la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con el viernes como fecha tentativa. Los partidos han negado que la entrega de los decretos de rebaja de condenas fuera una condición para avanzar con el proceso, aunque confirmaron que los nuevos antecedentes serán incluidos para fortalecer el libelo.
A pesar de las diferencias internas sobre el ritmo de presentación, con algunos sectores buscando acelerar y otros afinando los fundamentos jurídicos, el bloque opositor ha logrado un consenso para actuar de manera conjunta. La meta es evitar errores que puedan debilitar el documento, que se ha trabajado de forma coordinada.
Jorge Díaz, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, explicó que el proceso tomó más tiempo debido a la articulación de todas las bancadas opositoras. Afirmó que el texto debe contar con la anuencia de todos para ser “completo y suficiente” ante la “tragedia” ocurrida.
El diputado socialista Raúl Leiva rechazó enfáticamente que la acusación estuviera supeditada a la recepción de los decretos. Subrayó que la entrega de estos documentos es una responsabilidad del Ministerio de Justicia y no una precondición para la acción fiscalizadora, reiterando la unidad opositora en la elaboración del libelo.
Por su parte, Andrea Parra, jefa de bancada de los diputados independientes PPD, criticó la demora en la entrega de los decretos, acusando al Gobierno de obstruir el acceso a información relevante. Sin embargo, enfatizó que los fundamentos centrales de la acusación ya están establecidos y que los documentos recibidos solo servirán para reforzar lo que considera una clara liberación de pedófilos sin apego a la legislación. La oposición busca cerrar así las discrepancias temporales y avanzar con una acusación consensuada.
