El Gobierno se encuentra en un debate crucial sobre la derogación de la Ley 19.856, que permite rebajas de condena por buen comportamiento. La discusión surge tras el escándalo por beneficios concedidos a agresores sexuales de menores, lo que generó un giro en la postura oficial desde la defensa inicial de su aplicación hasta el respaldo a eliminarla completamente.
La controversia se intensificó luego de que el presidente reconociera errores en la gestión, manteniendo al ministro Fernando Rabat con la misión de corregirlos. “Hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre”, fue la declaración del mandatario ante la ola de críticas.
La Ley 19.856 posibilita una reducción de pena de dos meses por cada año de cumplimiento, que aumenta a tres desde la mitad de la condena, para quienes demuestren un comportamiento sobresaliente. Esta norma, distinta de la libertad condicional, establece requisitos y exclusiones. Una vez aplicado el descuento, la pena se considera cumplida en la nueva fecha, lo que llevó a la liberación de condenados en casos sensibles.
“Debía rechazar y pelear su criterio en tribunales”.
Entre los casos más mediáticos, se destacan el del exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo, condenado por secuestro, y Peter Andrés Rojas Gallardo, sentenciado por homicidio. Ambos quedaron en libertad tras recibir estas rebajas, avivando el debate sobre la aplicación de la ley.
Las restricciones incorporadas en 2022 para delitos sexuales contra menores fueron el epicentro de la polémica. Rabat defendió que estas no podían aplicarse retroactivamente, amparándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Sin embargo, sus detractores cuestionan tanto esta interpretación como su aplicación administrativa, argumentando que los casos debían ser resueltos individualmente por un tribunal.
La respuesta del Gobierno experimentó un cambio significativo en pocas semanas:
- 21 de octubre: Rabat justificó las rebajas como “el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, pese a que los 56 beneficios en cuestión no provenían de amparos individuales.
- 22 de octubre: Se anunció una reforma para endurecer las condiciones de acceso “al momento de la solicitud”.
- 23 de octubre: Se informó la “suspensión de la tramitación de estos decretos” relacionados con agresores sexuales de menores.
- 25 de octubre: Rabat afirmó: “Debo cumplir con la ley. Y como debo cumplir con la ley, lo que vamos a hacer es modificarla”, anunciando además la incorporación de las víctimas y revisión judicial.
- 6 de noviembre: El vocero Gonzalo Arenas confirmó el respaldo a una iniciativa parlamentaria para “cortar el problema de raíz” y derogar la ley del 2003.
- 9 de noviembre: Arenas extendió la suspensión de beneficios a todos los delitos mientras avanzaba el proceso de derogación, contradiciendo la postura previa de Justicia de seguir aplicando la ley fuera de los casos de menores.
Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, califica la discusión sobre la derogación como “no solo importante, sino necesaria”.
