El ministro de Justicia, Fernando Rabat, desestimó las críticas de la oposición por la demora en la entrega de los decretos que otorgan rebajas de condenas. En el Congreso Nacional, Rabat afirmó no sentirse presionado, pese a la preparación de una Acusación Constitucional en su contra.
El secretario de Estado reiteró que los documentos contienen información sensible, por lo que su Ministerio realiza una revisión exhaustiva para evitar transgredir la ley. Además, defendió su constante participación en el Congreso, asegurando que seguirá acudiendo a las instancias legislativas. “Yo estoy muy contento de mi labor como ministro de Justicia. He venido, como ustedes son testigos, durante ocho meses prácticamente todos los días a la semana y lo voy a seguir haciendo”, enfatizó.
En paralelo, la oposición continúa con el trabajo de la Acusación Constitucional contra Rabat, aunque aún sin una fecha definida para su presentación. Este martes, los jefes de bancada se reunieron para unificar criterios y avanzar en la revisión conjunta del libelo, en medio de presiones internas para acelerar su ingreso.
El parlamentario Jaime Araya, independiente de la bancada PPD, criticó la demora, sugiriendo que da tiempo al Gobierno para preparar su defensa. “A mi juicio, ha habido una demora. Quizás se hubiese podido acortar los plazos para el ingreso de la Acusación Constitucional. Creo que las razones son las mismas del primer día”, explicó.
Por su parte, el jefe de bancada de los diputados de la DC, Jorge Díaz, indicó que el documento sigue en etapa de revisión. Aseguró que los equipos jurídicos continuarán trabajando mientras los parlamentarios se enfocan en la discusión de la Ley de Presupuestos. Díaz añadió que “cada día que pasa se conocen nuevos antecedentes que agravan la situación del ministro Rabat”.
En este contexto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, envió una carta a los partidos políticos. En ella, instó a considerar la responsabilidad transversal del sistema político en la aprobación de la Ley 19.856, que posibilitó las rebajas de condenas. Mulet advirtió sobre la necesidad de revisar el contenido y los fundamentos jurídicos del libelo antes de definir el voto en la Acusación Constitucional.
“Hay que actuar con más responsabilidad. Aquí hay que hacerse cargo de decisiones históricas en una materia tan relevante como la que señalo en la carta que tiene que ver con las rebajas de penas”, alertó Mulet.
Así, mientras el ministro Rabat defiende su gestión y niega presión, la oposición sigue ajustando los argumentos legales de la acusación en su contra.
