El 7° Juzgado Civil de Santiago se declaró incompetente tras la demanda de la diputada por el distrito 10 y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, contra el Fisco y la Contraloría, cuyo fin es anular el sumario administrativo que la responsabilizó de la fallida compraventa de la exclínica Sierra Bella.
En el fallo pronunciado el pasado lunes 9 de noviembre, se detalla que el Fisco de Chile interpuso una excepción de incompetencia -debido a que se trata de una causa civil en la que es parte una diputada- y el tribunal la acogió, postura a la cual se allanó la parte demandante, es decir, la diputada Hassler representada por el abogado Leonardo Cofré.
Sobre lo resuelto, el representante de la parlamentaria aclaró que “la decisión del tribunal civil no se refiere al fondo de la controversia”.
“Nosotros habíamos también advertido la situación y nos allanamos en la causa a la petición del CDE, por lo que se presentará la demanda ante el tribunal competente“, anticipó el abogado sobre la acción que se interpondrá ante un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En tanto, sobre el sumario del ente fiscalizador, Cofré manifestó: “La resolución de Contraloría efectivamente adolece de vicios de nulidad, considerando, además, que la justicia ha declarado el sobreseimiento por no existir delito alguno, por lo que están todos los fundamentos para continuar con la acción”.
Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha afirmado que la Contraloría fue categórica en lo que se refiere al sobreprecio de la fallida compra. Incluso, el municipio presentó una querella por presunto fraude al fisco, la cual fue declarada admisible por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
El cuestionamiento de Hassler al sumario de Contraloría por Sierra Bella
Tal como indicó Cofré luego de que fuera acogida la excepción de incompetencia, el fondo de la demanda apunta a que la resolución de Contraloría “adolece de severos vicios esenciales“.
A eso también se sumaron que se habrían invalidado “las competencias y atribuciones de los Tribunales de Justicia“.
La acción judicial añade que “sancionar una decisión de esta exalcaldesa que no se traduce en el incumplimiento de un deber tipificado por norma legal expresa“, vulneraría el principio de legalidad y tipicidad al aludir a la presunta infracción del principio de probidad administrativa de Hassler.
Finalmente, también cuestionan que a Hassler se le atribuye una responsabilidad administrativa cuando no se ha determinado con precisión “cuál es exactamente la conducta prohibitiva o imperativa infringida por parte de la exalcaldesa“.
