Una propuesta para que las personas asuman una parte de los costos de rescates extraordinarios, cuando estos se originen por conductas negligentes o dolosas, inició su tramitación legislativa. El proyecto de ley, presentado por la diputada Macarena Santelices, busca modificar la Ley N°20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo.
La iniciativa introduce un régimen de responsabilidad civil para cubrir los gastos de emergencias en actividades turísticas, deportivas o recreativas en entornos naturales. Esto aplicaría en situaciones donde una persona provoque la movilización de recursos de búsqueda, rescate o salvamento debido a una actitud particularmente imprudente o intencional.
Entre los escenarios que los tribunales podrían considerar se incluyen el ingreso deliberado a zonas de acceso prohibido por seguridad, la desobediencia consciente a órdenes de evacuación y el incumplimiento de advertencias oficiales sobre peligros previsibles. También se contempla el incumplimiento de instrucciones de seguridad obligatorias y la entrega intencional de información falsa que cause una movilización innecesaria de recursos públicos.
Sin embargo, el texto aclara que necesitar asistencia de emergencia no bastará para atribuir responsabilidad económica. Sufrir un accidente, extraviarse o practicar una actividad de riesgo no constituirá, por sí solo, una presunción de dolo o culpa grave. Para que la restitución proceda, deberá acreditarse la conducta imputada, el perjuicio patrimonial efectivo y la relación de causalidad entre ambos.
La responsabilidad no se determinará mediante un cobro automático, sino que requerirá una sentencia judicial firme. Los responsables deberán restituir exclusivamente una parte de los costos públicos extraordinarios, directos, necesarios y debidamente acreditados.
La restitución no podrá superar el 30% de dichos gastos ni las 100 unidades tributarias mensuales (UTM), aplicándose siempre el límite menor. El tribunal considerará la gravedad de la conducta, su contribución al gasto, las medidas de prevención adoptadas y la situación socioeconómica del demandado para determinar el monto. Incluso podrá reducirlo, autorizar pagos en cuotas o eximir de la restitución en circunstancias excepcionales.
El proyecto también asegura que las labores de emergencia no estén condicionadas por motivos económicos. Ningún organismo podrá exigir pagos previos, garantías o compromisos de restitución para iniciar o continuar un rescate. La entidad pública que haya sufrido el perjuicio patrimonial será la encargada de ejercer la acción para exigir estos recursos.
