Rabat y subsecretaria: polémica rebaja de pena a homicida en Valparaíso

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Fernando Rabat, ministro de Justicia, y Josefina Soto, nueva subsecretaria de la cartera, firmaron un decreto que redujo la condena de Peter Andrés Rojas Gallardo, un hombre de 40 años con historial criminal en la región de Valparaíso. La decisión se tomó apenas seis días después de que Soto asumiera su cargo y 13 días después de que Rabat anunciara públicamente la suspensión de estas rebajas.

Rojas Gallardo fue sentenciado a cinco años de presidio por el homicidio de un adulto mayor de 83 años, a quien agredió y asfixió. Gracias al decreto, su condena, que originalmente finalizaba el 30 de agosto de 2027, se redujo en diez meses, estableciendo la nueva fecha de cumplimiento para el 30 de octubre de 2026.

El documento, clasificado como reservado y al que accedió El Reporte Diario, lleva el encabezado “Otorga beneficio de reducción de condena”. Según el Ejecutivo, el ministerio está obligado a conceder estas reducciones basándose en la Ley 19.856, que permite reducir penas a quienes acreditan un comportamiento sobresaliente. La Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Valparaíso habría certificado que Rojas cumplía con los requisitos.

“El ministerio no está habilitado para denegar el beneficio basándose en la gravedad del delito o en el bien jurídico protegido”, esgrimió la cartera.

La firma de Josefina Soto figura en la transcripción del decreto, mientras Rabat lo suscribe “por orden del Presidente de la República”. La llegada de Soto al cargo, el 30 de octubre, se dio en medio de la controversia por las rebajas de condena, sucediendo a Luis Silva, el primer funcionario que dejó su puesto debido al escándalo.

El historial delictual de Rojas Gallardo, detallado en un informe de Gendarmería, comenzó a los 31 años. En 2017, fue condenado por hurto simple en San Felipe. Ese mismo año, el Juzgado de Garantía de San Felipe lo sentenció por robo con violencia, tras atacar a una mujer para robarle su cartera. Estos antecedentes se enmarcan en la crisis que atraviesa el Gobierno por la gestión de los decretos de reducción de penas.

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