El sistema de protección de áreas protegidas en Chile enfrenta una crisis de financiamiento inminente. Un nuevo organismo, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado para reemplazar a la Conaf en la administración de parques y reservas, se instalaría con un presupuesto significativamente inferior al estimado originalmente por la propia Dirección de Presupuestos (Dipres).
Según un análisis de Fundación Terram, el proyecto de Presupuesto 2027 asigna $22.304 millones al SBAP. Esta cifra contrasta drásticamente con los $43.925 millones en recursos adicionales que Dipres había calculado en 2022 para ese año de implementación, lo que representa una diferencia de $21.621 millones. En términos simples, el monto actual equivale a casi la mitad de la estimación inicial.
Aunque la asignación para 2027 supone un aumento respecto de los $18.089 millones aprobados para 2026, la organización ambiental advierte que sigue siendo insuficiente para que el servicio cumpla con sus funciones esenciales. Estas incluyen la contratación de personal, la inversión en infraestructura y la capacidad de fiscalización necesaria para la protección efectiva de la biodiversidad chilena.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, advirtió que la falta de recursos viene de antes de la creación del nuevo servicio. “Chile tiene históricamente un déficit de financiamiento para las áreas protegidas terrestres”, señaló.
Liberona también alertó sobre la eliminación de una glosa presupuestaria destinada a áreas marinas protegidas en el proyecto de Presupuesto 2027, la cual se encontraba en el Ministerio del Medio Ambiente.
El traspaso de la administración de áreas protegidas desde Conaf al SBAP, inicialmente previsto para septiembre, fue postergado por el gobierno hasta marzo de 2027. Esta dilación no resuelve la incertidumbre sobre aspectos clave como la incorporación de los 570 guardaparques contemplados por Dipres, o los $10.120 millones previstos para infraestructura que aloje al personal. Además, Fundación Terram señala que la instalación regional sería incompleta, con solo seis de las dieciséis direcciones regionales con jefatura titular, mientras el resto operaría con subrogantes.
La fundación enfatiza que el nuevo organismo podría heredar las dificultades financieras del sistema actual. Entre 2015 y 2026, los ingresos de operación (principalmente entradas y concesiones) cubrieron en promedio solo el 54,3% del financiamiento de las áreas protegidas terrestres. Esta dependencia las expone a cierres y emergencias. El aporte fiscal proyectado para 2027 cubriría apenas el 55,9% del gasto en remuneraciones, obligando al SBAP a buscar otras fuentes de financiamiento.
Para asegurar la operatividad del SBAP, Terram propone aumentar los recursos, priorizar la contratación de guardaparques e infraestructura, y garantizar que el aporte fiscal cubra, como mínimo, la totalidad del gasto en personal. También piden transparentar el proceso de traspaso desde Conaf e informar trimestralmente al Congreso sobre los avances. La preocupación es clara: un cambio institucional no bastará si el nuevo servicio carece de los medios para cuidar la rica biodiversidad del país.
