La Corte Suprema decidió frenar la renuncia de la ministra Rosa Aguirre de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien es acusada de pagar a una abogada externa para redactar fallos judiciales durante 17 años. El máximo tribunal solicitó un informe a la corte porteña sobre los antecedentes del caso.
Esta determinación representa un nuevo obstáculo para Aguirre, quien actualmente se encuentra con licencia médica y buscaba dejar sus funciones. La controversia se inició a raíz de una demanda de tutela laboral presentada por la abogada que, según los antecedentes, habría recibido los pagos por la redacción de sentencias.
El pasado lunes 2 de noviembre, el Pleno de la Corte Suprema resolvió no dar curso a la renuncia de la magistrada y pidió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un informe detallado sobre los antecedentes vinculados a la demanda laboral. Se estableció un plazo, aún no precisado, para que el tribunal porteño entregue la información requerida.
La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, Mariela Hernández, respaldó la decisión de la Suprema. Hernández destacó que aceptar la renuncia de Aguirre de forma inmediata podría haber dificultado la determinación de posibles responsabilidades administrativas.
“La decisión adoptada por el Pleno de la Corte Suprema se ajusta a la gravedad de los antecedentes que han sido conocidos públicamente respecto a la ministra Rosa Aguirre”, afirmó Hernández. “Nos parece acertado que la Corte Suprema haya resuelto no dar curso inmediato a la renuncia presentada, ya que la aceptación automática de la misma habría impedido o dificultado la eventual determinación de responsabilidades disciplinarias”.
Tras un pleno extraordinario realizado de forma reservada el viernes anterior, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, sostuvo que los ministros del tribunal se encuentran inhabilitados para iniciar una investigación contra Aguirre, ya que esto podría afectar la imparcialidad del pleno en un futuro sumario.
El caso ha abierto también el debate sobre los límites de la colaboración en la redacción de resoluciones judiciales. Silvio Cuneo, académico de la Universidad Central de Chile, explicó que es lícito que un magistrado reciba asistencia para transcribir sus decisiones, por ejemplo, debido a una dificultad física.
Sin embargo, Cuneo advirtió que es distinto entregar los antecedentes de una causa a una persona externa al Poder Judicial para que elabore los argumentos y determine el contenido de una resolución. “Es completamente lícito que yo tenga a alguien, una especie de secretario, para que yo le dicte, o también puede ser lícito que yo tenga un programa en mi computador para que yo le vaya dictando”, precisó. En contraste, enfatizó que no corresponde que una persona contratada fuera del Poder Judicial redacte los fallos y establezca sus fundamentos.
La situación de Rosa Aguirre en la Corte de Apelaciones de Valparaíso permanece en suspenso mientras se esperan los informes solicitados por la Corte Suprema, lo que podría derivar en una investigación disciplinaria.
