El general Francisco Aravena, actual jefe de Carabineros en la Región de Los Lagos, confirmó la apertura de un sumario administrativo a raíz de una grave denuncia. Una funcionaria con trastorno del espectro autista (TEA) acusa acoso laboral, malos tratos y abandono institucional, lo que ha escalado a instancias judiciales y de fiscalización. La Contraloría General de la República ha exigido a la institución una respuesta en un plazo de 10 días, contados desde el 3 de noviembre.
La carabinera, identificada como I.G., ha presentado sus reclamos ante diversas entidades, incluyendo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sus denuncias apuntan a situaciones que, según su testimonio, han generado un severo deterioro en su salud mental.
Desde febrero, la funcionaria se encuentra alejada de sus funciones, luego de reportar un período de hostigamiento y discriminación que se extendió por más de un año. Entre los hechos que detalla, destaca un incidente con un exgeneral de la zona. De acuerdo con su relato, este superior habría reaccionado de forma agresiva cuando ella solicitó autorización para cursar estudios universitarios y capacitaciones sobre autismo para el personal.
La denunciante, que posee una discapacidad acreditada, sostiene que estos episodios le provocaron un cuadro depresivo severo y crisis de ansiedad. Adicionalmente, acusa a Carabineros de no haberle brindado el apoyo médico y psicológico necesario, obligándola a costear sus propios tratamientos.
Consultado sobre estos antecedentes, el general Aravena reconoció la existencia de un procedimiento administrativo. Sin embargo, optó por no entregar mayores detalles debido a las acciones judiciales en curso. “Los casos judiciales radican en la jurisdicción de los tribunales. Particularmente, ese caso está radicado en el estamento al que yo no puedo hacer referencia. Sé que aún se encuentra en proceso y también existe un sumario administrativo asociado”, indicó el general.
La funcionaria también llevó sus reclamos a la jefatura de la División de Control y Planificación Institucional de las Policías, desde donde se confirmó que los antecedentes fueron remitidos a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad para que se dicten las instrucciones pertinentes. En paralelo, I.G. mantiene acciones ante la justicia chilena y solicitó medidas de protección a la CIDH.
Una acción civil ante el Segundo Juzgado de Puerto Montt se suma a estas gestiones. La demanda denuncia presuntos malos tratos a través de mensajes de WhatsApp y solicita analizar el tenor de expresiones utilizadas por un superior jerárquico, quien conocía la condición de autismo y discapacidad de la carabinera. La Contraloría, por su parte, espera la respuesta de Carabineros, la cual deberá ser entregada con el respaldo de su asesoría jurídica, mientras el caso de la funcionaria de la Décima Zona de Carabineros de la Región de Los Lagos continúa su curso en diversas instancias.
