El Gobierno confirmó la apertura de un sumario administrativo en el Ministerio de Justicia. La investigación busca esclarecer cómo se difundieron los decretos que concedieron rebajas de condena a individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores. Esta medida surge en medio de una intensa controversia que involucra al ministro Fernando Rabat, quien sigue en su cargo con el respaldo del presidente José Antonio Kast.
El vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, explicó que el sumario tiene como objetivo principal proteger la información sensible de las víctimas. Según Arenas, “Hay información de víctimas que pueden sufrir revictimización o cualquier otro tipo de situaciones”. El portavoz añadió que, ante la circulación de estos antecedentes en diversos medios, el ministro de Justicia debía asegurarse de que se estuvieran resguardando las medidas adecuadas, especialmente en lo que respecta a las víctimas.
“Efectivamente, se desarrolló un sumario para ver cómo llegó esa información que muchas veces contiene información privada”, confirmó Arenas. Esta investigación se inició en paralelo a los cuestionamientos que pesan sobre Rabat por la firma de los decretos y a las presiones políticas para que deje su puesto en el gabinete.
En total, la actual administración ha firmado 56 decretos de rebaja de condena. De estos, 27 corresponden a delitos de abuso sexual contra menores y otros 29 a distintos delitos sexuales contra menores. La difusión de estos documentos ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores políticos, impulsando incluso iniciativas legislativas que buscan restringir este tipo de beneficios.
Pese a la controversia, el presidente José Antonio Kast ha ratificado su confianza en el ministro, quien a su vez defiende la legalidad de las decisiones adoptadas. Un procedimiento administrativo como el sumario no implica necesariamente una sanción, sino que busca esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades funcionarias.
El Gobierno ha justificado la medida en la necesidad de salvaguardar datos privados de las víctimas. Sin embargo, Arenas no especificó si la investigación se limita solo a una posible exposición de información personal o si también abarca la entrega no autorizada de los propios documentos, una distinción relevante considerando el amplio debate público generado por estas decisiones ministeriales.
