El exministro de Salud, Jaime Mañalich, planteó una profunda reflexión sobre la continuidad de los ministros en sus cargos, especialmente cuando su permanencia genera un costo político significativo para el Presidente.
Mañalich indicó que cada secretario de Estado debe evaluar si su «continuidad obliga al mandatario a gastar todo su capital político en defenderlo». Esta declaración surge en medio del cuestionamiento al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya posición está en duda tras la reducción de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
Pese al anuncio de una acusación constitucional por parte de la oposición, el Presidente José Antonio Kast ha optado por mantener a Rabat en su cargo, encargándole la dirección del proyecto de ley que busca impedir la rebaja de condenas para agresores sexuales de niños y adolescentes. Esta decisión se mantiene a pesar de que varias voces en el Congreso señalan que el ministro ya no es un interlocutor válido.
La postura del Presidente es legítima. A los ministros los nombra él; puede removerlos o no a su voluntad; son de su exclusiva confianza. Sin embargo, esta potestad del Presidente de nombrar, remover, mantener la confianza o no es algo que cada ministro o ministra también tiene que reflexionar desde el punto de vista individual.
El exministro explicó que la confianza presidencial «no elimina la responsabilidad de reflexión en conciencia que cada ministro tiene que hacer. Los ministros no son autómatas: tienen la posibilidad de reflexionar y de tomar decisiones y, dentro de eso, está la potestad de decir ‘mire, es mejor que yo no siga’».
Según Mañalich, una de las razones para una renuncia indeclinable de un ministro es cuando «la propia permanencia está perjudicando, exponiendo al Presidente a un desgaste que compromete su capacidad de gobernar». Enfatizó que «un ministro debe preguntarse si contribuye a resolver los problemas del país o si su continuidad obliga al mandatario a gastar todo su capital político en defenderlo».
En su opinión, «no parece razonable que el Presidente asuma el costo de una permanencia que el propio ministro autónomamente, maduramente, considera potencialmente perjudicial». Desde su perspectiva, la lealtad incluye «decir lo que el Presidente necesita escuchar, aunque resulte incómodo».
Finalmente, Mañalich aconsejó a Rabat considerar «poner una letra escrita y firmada encima de la mesa del Presidente» con su renuncia.
