Más de 23.000 adolescentes y menores de edad han sido identificados como imputados de delitos entre enero y agosto de este año, según reveló el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. Esta cifra representa un 5,4% del total de delitos a nivel nacional y es la más alta registrada en los últimos nueve años, marcando un incremento del 16,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
Los datos fueron presentados durante el seminario “Encuentros UC de Seguridad Pública: Prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por organizaciones criminales”. Entre los delitos más recurrentes cometidos por menores, se destacan los robos violentos de vehículos, que alcanzan el 36,8%; los robos con violencia o intimidación, con un 25,1%; y el porte ilegal de armas, que representa el 15,4%.
El encuentro reunió a autoridades comunales, exautoridades de Gobierno y expertos para discutir estrategias de prevención. En este contexto, la exministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó la importancia de la detección temprana de señales de riesgo, como el ausentismo escolar, los problemas de convivencia y la violencia intrafamiliar. Su objetivo es intervenir antes de que los jóvenes se involucren en actividades delictuales.
“No esperar a que haya una situación grave, sino cuando empieza a haber niños que empiezan a tener inclinación a abandonar el colegio o ha habido situaciones de vulneración de derechos. Eso debiera ser una alarma que active todos los recursos disponibles sin esperar a que haya un compromiso delictual”, afirmó Tohá.
Por su parte, Catalina Droppelmann, directora de investigación del Centro UC Justicia y Sociedad, advirtió sobre la debilidad de las políticas actuales de prevención de la delincuencia juvenil. Propuso la necesidad de articular los programas existentes para fortalecer el trabajo territorial con las familias, buscando una mayor cohesión social.
“Nadie habla de prevención y, cuando hablamos de prevención, hablamos a partir de programas. Los programas están desarticulados y lo que necesitamos es generar tejido comunitario, que estos jóvenes se integren en sus territorios, que puedan generar un proyecto de vida y para eso se necesita mayor cohesión social”, destacó Droppelmann.
El seminario también incluyó la presentación de un estudio basado en encuestas a más de 260 jóvenes, en su mayoría en internación provisoria y provenientes de comunas periféricas de Santiago, Valparaíso y la zona fronteriza de Tarapacá. Entre los resultados, se encontró que 2 de cada 3 jóvenes crecieron en barrios con tráfico de drogas. Además, el 51,9% estuvo expuesto a balaceras y un 70,2% reportó haber presenciado a un familiar cometer delitos. Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de abordar las condiciones socioeconómicas y familiares que inciden en la delincuencia juvenil.
