La Defensoría de la Niñez confirmó que insistirá con su acción judicial para anular las rebajas de condena otorgadas por el gobierno en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El organismo busca revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró inadmisible su recurso de amparo. Además, la institución denunció la filtración de esta resolución a los medios desde el Poder Judicial antes de ser notificada oficialmente.
Esta postura de la Defensoría añade un nuevo capítulo a la controversia por las reducciones de pena concedidas durante la actual administración, que ha generado cuestionamientos hacia el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El organismo informó que presentará un recurso para que la misma Corte de Apelaciones reconsidere su decisión. Si la inadmisibilidad se mantiene, el caso será elevado a la Corte Suprema. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que “la inadmisibilidad de este recurso no significa que la situación de las víctimas esté resuelta”, y aseguró que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para proteger a los menores afectados.
La acción judicial, presentada el 30 de octubre, solicitaba dejar sin efecto los decretos ministeriales que otorgaron las rebajas y que se adoptaran medidas de protección para las víctimas. También pedía informar a los juzgados de garantía para que determinaran cómo hacer cumplir las penas, incluyendo eventuales órdenes de detención. La Defensoría argumentó que las decisiones ministeriales no habrían evaluado correctamente los riesgos para las víctimas, especialmente en casos donde los agresores ya habían recuperado la libertad.
Sin embargo, la Corte consideró que el recurso de amparo no era la vía adecuada para impugnar los decretos, sugiriendo recurrir a los mecanismos de revisión establecidos en la Ley 19.880.
La Defensoría expresó gran preocupación por la supuesta filtración de la resolución a los medios, antes de su notificación oficial. El comunicado del organismo advierte que se trata de una causa reservada que concierne la protección de víctimas menores de edad de delitos sexuales, por lo que exige el esclarecimiento de lo ocurrido. “La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección y resguardo de la información judicial, que resulta necesario esclarecer”, señaló la Defensoría, sin identificar a los responsables ni especificar acciones a seguir por este hecho.
La insistencia judicial se enmarca en la crisis generada por los 56 decretos de rebaja de condena por delitos sexuales contra menores que se conocieron durante la administración actual. Mientras el ministro Rabat defiende las decisiones, el Gobierno lanzó la mesa “Unidos para Proteger” para elaborar propuestas en beneficio de las víctimas. No obstante, la Defensoría de la Niñez no fue convocada a esta instancia, presidida por el propio ministro, a pesar de que Quesille había manifestado a Rabat su disposición a colaborar en medidas de protección, pese a las diferencias sobre las rebajas.
