Un grupo de diputados, liderado por Héctor Ulloa (IND-PPD) e integrado por Zandra Parisi (PDG), Jaime Mulet (FRVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), presentó el proyecto de ley “¡Con las infancias no!”. La iniciativa busca establecer el presidio perpetuo para el delito de violación y condiciona la obtención de beneficios carcelarios a la castración química voluntaria de los condenados por delitos sexuales.
El diputado Ulloa enfatizó la necesidad de una “respuesta contundente” del Estado. Según explicó, la propuesta cambia el enfoque de la discusión sobre el tiempo en prisión a las condiciones en que un agresor sexual regresa a la sociedad, apuntando a que hoy “sale sin ningún tratamiento”.
El proyecto establece diversas medidas, como el presidio perpetuo para todo delito de violación. Además, propone el presidio perpetuo calificado, la pena más severa del Código Penal, para las violaciones más graves contra menores de 14 años. Esto aplica en casos de reincidencia del agresor, múltiples víctimas, lesiones graves o si el agresor es familiar o cuidador del menor.
También se contempla un aumento de penas para todos los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo estupro, abuso sexual, explotación sexual y material de explotación sexual infantil, excluyéndolos de las penas sustitutivas. La castración química voluntaria sería un requisito indispensable para acceder a la libertad condicional, permisos de salida e indultos particulares. Quien abandone el tratamiento perderá automáticamente el beneficio, y ni siquiera el Presidente de la República podría eximir de esta condición. Es importante destacar que este tratamiento no implicaría rebajas de pena ni constituiría un atenuante.
“Llama la atención la escasa cuantía de la pena aplicable en muchos de los casos en que se otorgaron los beneficios: cinco años, seis años, tratándose muchas veces de abusos sexuales aberrantes en contra de menores de edad”, afirmó Ulloa, señalando que la pena debe estar “a la altura del daño que causa: el presidio perpetuo”.
El parlamentario también citó estudios internacionales que indican que los condenados por delitos sexuales reinciden más de tres veces la proporción de otros criminales. Por ello, considera “necesario instaurar la castración química voluntaria, un proceso farmacológico destinado a inhibir la libido o bloquear la testosterona, como ocurre en países como Inglaterra y Dinamarca, de manera de cautelar la debida protección de las víctimas y de la sociedad en general”.
Ulloa aclaró que el tratamiento sería voluntario: “Nadie va a ser obligado. Pero quien quiera salir antes de cumplir su condena tendrá que someterse a tratamiento. Quien no lo acepte, cumplirá su pena completa”.
Los diputados promotores destacaron el respaldo transversal a la iniciativa. Jaime Mulet afirmó que “la indemnidad sexual de toda persona, y con mayor razón de los menores, es fundamental. De manera que aumentar hoy día la pena en este proyecto de ley y establecer incluso la castración química voluntaria para acceder a algún beneficio nos parece absolutamente necesario”. Por su parte, Patricio Pinilla instó a un debate “con altura de miras” para asegurar que “en Chile los violadores de menores son perseguidos hasta las últimas consecuencias”.
