Una disputa legal ha surgido entre la Fiscalía y la defensa del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, a raíz de un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional. La controversia gira en torno a si dicho requerimiento paraliza completamente la causa del caso Puerto Coronel, incluyendo la preparación del juicio oral, o si solo detiene una comunicación administrativa.
El abogado de Chamorro, Fernando Saenger, ha sostenido que la acción legal busca declarar inconstitucional la norma que fuerza la suspensión de alcaldes acusados de delitos, como el cohecho que se imputa a su defendido. Saenger citó jurisprudencia que, a su juicio, respalda la inconstitucionalidad de esta medida al afectar derechos fundamentales de los ediles.
El Tribunal Constitucional acogió a trámite el recurso de inaplicabilidad, decretando la “suspensión del procedimiento”. Según Saenger, esta resolución detiene la causa contra Chamorro hasta que el TC falle sobre el requerimiento, implicando que la audiencia de preparación de juicio oral prevista no debería realizarse.
“El tribunal acogió a tramitación y ahora ha suspendido el procedimiento (…) Eso significa que el procedimiento que se sigue contra el alcalde, el señor Chamorro, se suspende hasta que no se falle por el Tribunal Constitucional este requerimiento”, acotó Saenger.
No obstante, la fiscal Glenda Lagos difiere en su interpretación. Para la persecutora, la suspensión del procedimiento se limita a la comunicación que el Juzgado de Garantía debería efectuar al Servicio Electoral (Servel) para suspender a Chamorro de su cargo mientras el juicio se desarrolla. Esto significaría que el proceso judicial en sí mismo, incluida la audiencia del 13 de noviembre, seguiría adelante.
“La suspensión del procedimiento en lo que dice relación con la comunicación que debe efectuar el Tribunal de Garantía al Servicio Electoral para efectos de suspender su ejercicio en el cargo. En consecuencia, el acuerdo de esta resolución del Tribunal Constitucional, por ahora, el Tribunal de Garantía de Coronel no debe efectuar esta comunicación al Servicio Electoral, encontrándose suspendido el procedimiento solo en ese sentido”, expresó la persecutora.
Otros abogados defensores implicados en el caso Puerto Coronel han respaldado la postura de Saenger, entendiendo que el proceso no puede avanzar sin una sentencia del TC. De persistir el Ministerio Público en su interpretación, se espera que sea el Juzgado de Garantía el encargado de zanjar la discrepancia y determinar el futuro de la causa.
