El exministro de Justicia, José Antonio Gómez, criticó duramente la gestión del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, por la concesión de 56 rebajas de condena. Entre los beneficiados se encuentran personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, lo que ha generado una fuerte controversia en el Gobierno.
Gómez, en conversación con Radio Bío Bío, sostuvo que Rabat debió haber impugnado estas solicitudes ante los tribunales. Argumentó que, en lugar de aplicar un criterio basado en fallos anteriores de la Corte Suprema, el ministro debió buscar una interpretación legal que discutiera estos beneficios. “Yo creo que en este caso el ministro debió haber impugnado la libertad, haber ido a los tribunales y convencer a los tribunales a través de la interpretación de la ley, como lo tratamos de hacer nosotros tiempo atrás”, afirmó el exministro.
Recordó su propia experiencia en el Ministerio de Justicia en 2015, cuando rechazó una gran cantidad de decretos de rebaja de condena por considerar que no cumplían los requisitos legales. Esta decisión provocó cerca de 500 recursos de amparo contra la cartera, presentados por condenados por delitos graves como violaciones y homicidios.
A pesar de su estrategia, Gómez reconoció que no obtuvo resultados favorables en los tribunales en ese momento. “Nos fue mal, pero ha cambiado la Corte y ha cambiado también la visión respecto a las penas”, explicó, sugiriendo que la actual conformación del máximo tribunal podría tener una interpretación diferente sobre la concesión de estos beneficios.
En este contexto, calificó la actuación de Rabat como un error, aunque también reconoció las dificultades inherentes a este tipo de decisiones ministeriales. “Creo que fue un error, debió haberlo hecho de otra manera, pero como digo, son decisiones políticas que uno toma en ese momento”, señaló.
Un punto crucial abordado por Gómez fue la irreversibilidad de las rebajas de condena ya concedidas. Ante el anuncio del Gobierno de suspender los decretos en tramitación, el exministro fue categórico al afirmar que los beneficios ya notificados y que resultaron en la libertad de los condenados no pueden ser revertidos.
“No, no hay ninguna posibilidad de retrotraer esto porque eso se notifica y ya eso sí que es un derecho”, aseguró.
Explicó que esta fue una de las controversias legales que enfrentó durante su gestión: el Ministerio consideraba las rebajas un beneficio sujeto a la firma del ministro, mientras los tribunales las interpretaban como un derecho adquirido una vez cumplidas las exigencias legales.
Respecto a la suspensión de nuevas rebajas, Gómez advirtió que esta medida también podría generar consecuencias judiciales. Aquellos condenados cuyas solicitudes ya fueron aprobadas por las comisiones podrían presentar recursos de amparo. “Probablemente aquellos que tienen el beneficio aprobado en la definición de la comisión van a ir de amparo”, anticipó.
Finalmente, el exministro planteó que las modificaciones legales impulsadas desde el Congreso podrían tener problemas para aplicarse retroactivamente. Instó a revisar el reglamento penitenciario y a exigir que las comisiones fundamenten explícitamente las razones para otorgar las rebajas de condena. A su juicio, esta medida transparentaría los criterios y fortalecería el control sobre decisiones que actualmente han puesto al Ministerio de Justicia en el centro del debate público.
