Los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc) aprobaron en Viena la apertura de negociaciones para un protocolo que aborde los delitos ambientales. Esta iniciativa, impulsada por ocho naciones latinoamericanas, reconoce explícitamente el rol crucial de los pueblos indígenas en la defensa contra estos crímenes. La decisión recibió un amplio apoyo, con 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones.
La Untoc, el único tratado global vinculante contra el crimen organizado transnacional, vio a países como Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Irán y Arabia Saudí votar en contra. En contraste, la mayoría de las naciones europeas y latinoamericanas respaldaron la resolución. Brasil, uno de los promotores clave, celebró la decisión como “histórica” y agradeció el apoyo de la sociedad civil.
Esta aprobación conlleva la creación de un comité especial. Su misión será desarrollar un protocolo adicional a la Convención, enfocado en combatir el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres (incluida la madera), la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos, y el de residuos. Los países impulsores de esta medida fueron Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, sumándose Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.
Si bien la decisión abre las negociaciones, no aprueba el contenido final del futuro instrumento jurídico. El texto de la resolución subraya la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el respaldo a los esfuerzos estatales contra los delitos ambientales y la corrupción asociada, siempre en el marco de las legislaciones nacionales.
Este reconocimiento posiciona a las poblaciones que habitan los territorios más afectados como actores fundamentales en la lucha contra estas actividades. La resolución también enfatiza que los delitos ambientales no solo dañan los ecosistemas, sino que también representan una amenaza para la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. El reconocimiento a los pueblos indígenas se incluye en el preámbulo de la resolución, dejando pendiente la definición de un mecanismo para su participación en las futuras negociaciones.
“Esta decisión histórica permite a la comunidad internacional finalmente acordar respuestas coordinadas frente al delito ambiental transnacional. Sin embargo, solo será efectivo si se discute, diseña e implementa con la participación efectiva de los pueblos indígenas, quienes salvaguardan ecosistemas como la Amazonía”, afirmó Raphael Hoetmer, director del programa de Amazonía Occidental de la ONG Amazon Watch.
Brayan Mojanasinsoy, portavoz del pueblo indígena inga del Putumayo (sur de Colombia), destacó que son los pueblos indígenas quienes sufren directamente las consecuencias de estos crímenes. “Estamos en los territorios, donde enfrentamos de forma cotidiana las economías ilícitas y el crimen organizado: con nuestros guardias, sistemas de monitoreo y conocimiento ancestral”, dijo. “Sin nosotros, los pueblos indígenas, no hay seguridad en la Amazonía“, sostuvo Mojanasinsoy, quien forma parte de una delegación de líderes amazónicos que participó esta semana en la Untoc. “Por ello, debemos ser consultados en la elaboración del protocolo”, reclamó. Una fuente conocedora de las negociaciones, que prefirió mantenerse en el anonimato, indicó a este medio que Estados Unidos mostró resistencia durante el proceso para frenar la iniciativa.
