El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), criticó duramente al presidente José Antonio Kast y al titular de Justicia, Fernando Rabat, por la decisión de reducir las condenas a individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. Elizalde contrastó las promesas de campaña de Kast sobre «mano dura contra la delincuencia» con la actual política del gobierno, que, según él, «libera a pedófilos y violadores de derechos humanos».
Elizalde, en declaraciones a La Tercera, enfatizó: “¿Al gobierno le importan realmente los niños? Los mismos que le niegan los computadores a los escolares le rebajan las condenas a los pedófilos”. Estas afirmaciones se suman a la polémica generada por los 56 decretos de rebaja de condena para personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Inicialmente, el Ministerio de Justicia defendió su postura invocando una jurisprudencia de la Corte Suprema que, argumentaron, impedía aplicar la exclusión incorporada en 2022 a delitos previos a su vigencia. Sin embargo, la cartera dio marcha atrás este viernes, anunciando la suspensión de nuevas tramitaciones para rebajas de condena.
Elizalde desestimó la explicación de Rabat, atribuyéndole la responsabilidad directa en la firma de los decretos. “Rabat está tratando de sacarse los pillos, pero los hechos son claros: firmó decretos para liberar anticipadamente a pederastas condenados por la justicia. No basta con invocar una supuesta jurisprudencia para justificar las decisiones administrativas que son de su exclusiva responsabilidad, tal como afirmó la Presidenta de la Corte Suprema”, puntualizó el exministro.
Además, el socialista refutó la existencia de una interpretación judicial uniforme que obligara al Ejecutivo a otorgar tales beneficios. “La supuesta jurisprudencia uniforme que invoca Rabat no es tal. Hay fallos en distintos sentidos, por lo que no se puede sostener que exista un criterio judicial único e inequívoco que obligue a conceder estos beneficios”, sostuvo.
Según Elizalde, el gobierno debería haber defendido ante los tribunales la aplicación de la Ley 21.421, que excluyó de estas rebajas a los condenados por delitos sexuales contra menores. Recordó que, como senador, apoyó dicha ley, y que durante su tramitación, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, indicó que se aplicaría a solicitudes posteriores a su publicación, sin importar la fecha del delito o la condena.
“Fernando Rabat no estaba obligado a conceder estos beneficios. Una cosa es cumplir una sentencia judicial dictada en un caso concreto y otra muy distinta es extender su criterio a terceros mediante actos administrativos y olvidando el efecto relativo de las sentencias”.
El exministro diferenció entre acatar una resolución judicial específica y usar ese razonamiento para conceder beneficios a otros individuos. “Por dicho efecto las sentencias no se transforman automáticamente en una orden general para resolver todos los casos de la misma manera”, añadió. Concluyó que administraciones anteriores rechazaban estas solicitudes y defendían su posición cuando eran impugnadas judicialmente, planteando que “frente a una exclusión establecida expresamente por el legislador, lo razonable era no conceder administrativamente estos beneficios y defender esa decisión ante los tribunales si era impugnada”.
