Fernando Rabat, ministro de Justicia, ha pasado de ser reconocido por su talante dialogante a enfrentar una posible acusación constitucional. Su capital político, forjado por su capacidad para generar acuerdos incluso con la oposición, se desvaneció tras la controversia por las rebajas de condenas a violadores, abusadores sexuales de menores y condenados por crímenes de lesa humanidad.
La situación ha generado una crisis en el gobierno del presidente José Antonio Kast, quien ha priorizado la seguridad y la protección de las víctimas. Lo que inició como un debate sobre la interpretación legal, hoy pone en jaque la continuidad de Rabat en el cargo.
El diputado del PPD, José Montalva, quien en el pasado elogió el “método Rabat”, ahora considera que existen antecedentes suficientes para impulsar una acusación constitucional. “La verdad es que no se entiende no solamente los hechos, sino cómo ha reaccionado el gobierno”, afirmó, criticando las explicaciones del Ejecutivo.
“Yo creo que aquí no hay otra alternativa que la acusación constitucional”.
Montalva dejó abierta la posibilidad de que el ministro revoque las decisiones administrativas como última opción, pero su cambio de postura refleja la gravedad del escenario.
La bancada del Frente Amplio ha exigido directamente la renuncia de Rabat al presidente Kast. Por su parte, el diputado comunista Luis Cuello calificó la situación del ministro como “indefendible”, especialmente tras ser “desmentido por la Corte Suprema”.
El ministro Rabat reconoció un cambio en el criterio administrativo tras pronunciamientos judiciales, aunque defendió la aplicación de la normativa. No obstante, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que los decretos fueron emitidos por el Ministerio de Justicia. Un antecedente adicional que complicó la defensa de Rabat fue la admisión de que el propio presidente Kast desconocía el cambio de criterio.
Las dificultades del ministro no se limitan a la oposición. Dentro del oficialismo, fuentes anónimas reconocen la complejidad del panorama y la incertidumbre sobre una defensa “a todo evento”. Algunos parlamentarios del sector han criticado la falta de experiencia de los asesores de Rabat, sumando presión sobre el titular de Justicia en este momento crítico.
