La remoción del senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución del Senado ha generado un nuevo foco de conflicto en el Socialismo Democrático. La decisión es cuestionada por la senadora Ximena Órdenes (PPD) y el propio Araya, mientras el senador Vlado Mirosevic (PL) asumió la presidencia de la instancia, defendiendo el diálogo pero rechazando las negociaciones individuales.
El miércoles, la senadora Órdenes manifestó públicamente su desacuerdo con el comité PS-PPD, al que pertenece, criticando la forma en que se tomó la determinación. Señaló que “las formas en política sí importan”, lamentando la falta de reflexión colectiva y la ausencia de comunicación previa directa con el senador Araya sobre su remoción.
“Una determinación de esta naturaleza ameritaba una reflexión colectiva más acabada, así como una comunicación previa y directa con quienes podían verse afectados por ella”, apuntó Órdenes.
Dentro de los cuatro senadores PPD, la situación ha creado una división: Ricardo Célis y Loreto Carvajal respaldan la decisión del comité, mientras que Araya y Órdenes se oponen a la medida, ya sea por el fondo o por la forma en que se ejecutó.
El jefe de bancada del comité PS-PPD, el socialista Juan Luis Castro, ha recibido fuertes críticas. La decisión fue coordinada con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el vicepresidente del PPD, Ricardo Célis. Castro defiende la facultad soberana de los comités para reemplazar a sus miembros y niega cualquier vulneración al acuerdo administrativo.
Sin embargo, el acuerdo administrativo y su continuidad para la elección de marzo están en incertidumbre. Desde la oposición, Andrés Longton (RN) afirmó que el cupo en la Comisión de Constitución correspondía a Pedro Araya específicamente, mientras que Arturo Squella (Partido Republicano) sostuvo que no habrían apoyado el acuerdo si la propuesta hubiera sido un nombre como el del senador comunista Daniel Núñez.
El senador Araya ha planteado tres puntos clave: la necesidad de que el PS explique su postura sobre la lucha contra el crimen organizado; la proximidad de los socialistas a pactar con el Gobierno, frenada por disputas internas; y su evaluación sobre la continuidad del acuerdo administrativo. “Nosotros nos vamos a tomar estos días para reflexionar qué es lo que va a pasar con el acuerdo administrativo”, advirtió.
