La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), presentó una indicación al proyecto de ley que busca regular las apuestas en línea, proponiendo el endurecimiento de las penas y el bloqueo permanente para los operadores ilegales. La iniciativa plantea sanciones de hasta 15 años de cárcel, multas de hasta 10.000 UTM y un mecanismo judicial para impedir que estas plataformas sigan funcionando mediante cambios de dominio o identidad.
La propuesta de Núñez se diferencia del modelo de licencias para operadores privados, ya que busca mantener la explotación digital de los juegos de azar autorizados exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción. La senadora argumentó que la discusión no puede centrarse únicamente en la recaudación fiscal, sino también en el control de estas plataformas, el destino de los fondos y el impacto social de la adicción al juego y el endeudamiento.
“Esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento”, afirmó Núñez, añadiendo que “frente a una actividad ilegal, la primera respuesta no puede ser ofrecerle una licencia”.
Las penas más severas se aplicarían en casos considerados agravados. Esto incluye la captación de menores de edad, la continuidad de operaciones ilegales para evadir órdenes judiciales, vínculos con organizaciones criminales, o el uso de identidades falsas y sociedades ficticias para ocultar a los responsables de los sitios.
Un punto crucial de la indicación es la creación de un procedimiento especial ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Este tribunal sería el encargado de ordenar el bloqueo permanente de sitios web y aplicaciones, extendiendo las restricciones a nuevos dominios que intenten eludir la justicia. Los proveedores de servicios tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir estas órdenes.
“Cambiar de nombre, de aplicación o de dirección de internet no puede convertirse en una forma de eludir la justicia”, sostuvo la senadora.
La necesidad de esta medida se evidenció en septiembre, cuando el Gobierno ordenó bloquear 42 sitios de apuestas ilegales. Sin embargo, algunas plataformas lograron seguir operando modificando sus direcciones electrónicas, lo que demuestra la dificultad de controlar estas operaciones solo con órdenes puntuales.
Mientras tanto, el proyecto de ley continúa su tramitación en la Comisión de Economía del Senado, donde se amplió el plazo para presentar indicaciones hasta el 26 de octubre. La propuesta de Núñez también contempla medidas de protección para los usuarios, como la prohibición de participación de menores, mecanismos de autoexclusión y límites voluntarios de apuestas, buscando que estas exigencias se cumplan también en el juego autorizado.
