Legisladores de oposición presentaron denuncias penales ante la Fiscalía para investigar posibles responsabilidades en las millonarias pérdidas registradas en los fondos de pensiones. Estas pérdidas se atribuyen a las inversiones de las AFP en swaps de tasas de interés, operaciones que han generado controversia y preocupación entre los afiliados.
El diputado José Montalva (Ind.-PPD) formalizó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por hechos que, a su juicio, podrían configurar el delito de administración desleal. Subrayó que, si bien perder dinero no es un delito en sí mismo, la situación cambia si las operaciones riesgosas se realizaron “a sabiendas” para beneficiar a las AFP en detrimento de los afiliados.
“Perder dinero nunca ha sido un delito; sin embargo, si ese dinero se perdió a sabiendas de que era una operación riesgosa para beneficiar a las AFP y no al afiliado, podría constituirse el delito de administración desleal que está tipificado en nuestro Código Penal.“
— Diputado José Montalva
Montalva solicitó al Ministerio Público que investigue los hechos a partir de los antecedentes públicos que sugieren que las AFP fueron advertidas sobre la peligrosidad de estas inversiones y sus posibles perjuicios para los afiliados. Este llamado busca esclarecer la toma de decisiones detrás de las pérdidas.
En paralelo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) también presentaron una denuncia ante el Fiscal Nacional. Ambos parlamentarios socialistas indicaron que los acontecimientos “podrían ser constitutivos del delito de administración desleal” y pidieron una investigación exhaustiva para determinar las eventuales responsabilidades.
Manouchehri enfatizó que las AFP “apostaron con la plata de la jubilación de los chilenos y perdieron 7.700 millones de dólares”. Criticó que, mientras los trabajadores ven mermados sus ahorros, las AFP obtienen ganancias. Su denuncia, afirmó, busca que los responsables respondan con su propio patrimonio si se comprueba un delito.
Las denuncias persiguen determinar si las decisiones de inversión de las administradoras se basaron en criterios técnicos de rentabilidad y seguridad de los fondos, o si estuvieron influenciadas por intereses económicos propios, perjudicando así a los afiliados. Ambos escritos mencionan los artículos 45 y 147 del Decreto Ley N.º 3.500.
Estos artículos establecen la obligación de las AFP de garantizar la rentabilidad y seguridad de los fondos, actuando siempre en beneficio de estos. El artículo 45 es explícito al señalar que el único objetivo de las inversiones debe ser la “obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad”. Los legisladores buscan dilucidar si las administradoras priorizaron sus intereses por encima de los de los afiliados, lo que podría configurar el delito de administración desleal. Desde la Fiscalía Nacional, confirmaron la recepción de las denuncias y aseguraron que se les dará el trámite correspondiente.
