La investigación que complica a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja, Gonzalo Migueles, sumó nuevos antecedentes con la revelación de pagos por 27 millones de pesos. Estos dineros provienen de dos inmobiliarias, Argenta y Alta Vista Pucón, que mantenían causas relacionadas con sus proyectos en el máximo tribunal. Los pagos se realizaron mientras Vivanco formaba parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema, instancia que conocía directamente los casos de estas empresas, según una investigación de Reportea.
En detalle, Inmobiliaria Argenta transfirió 15 millones de pesos y Alta Vista Pucón, 12 millones de pesos. Si bien estas transferencias coinciden con la tramitación de las causas, el reporte aclara que los pagos por sí solos no acreditan una contraprestación ilícita.
La situación se complejiza con otro flanco judicial: la filtración de la declaración que Migueles entregó ante la Fiscalía. Este testimonio ha generado fuertes cuestionamientos por parte de las defensas, que alegan una infracción al proceso.
Los abogados de Ángela Vivanco presentaron una cautela de garantías, argumentando que la declaración de Migueles se mantenía bajo reserva hasta el 6 de octubre. Pese a ello, antecedentes del testimonio fueron difundidos por la prensa antes de que las defensas pudieran acceder a ellos. El requerimiento advierte una posible infracción al artículo 182 del Código Procesal Penal, que regula el secreto de las actuaciones de investigación. La audiencia para abordar este punto fue fijada para el 30 de octubre.
Desde la Defensoría Pública se indicó que solo se pronunciarán sobre el requerimiento durante la audiencia, absteniéndose de emitir comentarios previos. La defensa de Eduardo Lagos Herrera, a cargo del abogado Marcelo Abujiar, también cuestionó las circunstancias de la filtración. Abujiar aseguró que su defensa aún no ha podido acceder a la declaración completa de Migueles.
“Es una declaración contradictoria a todas las versiones anteriores que había entregado y que la utiliza y la realiza precisamente para condicionar la sustitución de libertad, para sustituirla por el arresto domiciliario total. Por lo tanto, son varios los antecedentes que hay que valorar más allá de simplemente lo literal de la declaración, sino en el contexto que se da”, sostuvo Abujiar.
La polémica por la declaración surge después de que Migueles abandonara la prisión preventiva el 30 de septiembre, cuando el tribunal le sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario total. Su nuevo testimonio abre interrogantes sobre los posibles beneficios penales a los que podría acceder si se comprueba una colaboración sustancial con la investigación.
El académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, explicó que Migueles podría buscar una reducción de su eventual condena mediante la cooperación con el Ministerio Público. “Así, en el futuro, al comparecer formalmente con ánimo de cooperar en la causa, busca consolidar la atenuante de colaboración sustancial, lo que faculta rebajar la sanción hasta en dos grados. Con esta base normativa, Migueles se allana a un procedimiento abreviado bajo el artículo 406 del Código Procesal Penal, o el cumplimiento en libertad mediante las penas sustitutivas de la Ley 18.216, eludiendo una condena de presidio efectivo”, detalló Olivares.
Estos nuevos antecedentes amplían el escrutinio sobre los vínculos económicos de Migueles con empresas que mantenían controversias judiciales vinculadas a sus proyectos. Con Argenta y Alta Vista Pucón, ya son tres las inmobiliarias cuyos nexos con el círculo cercano de Vivanco están bajo la lupa, incluyendo a Fundamenta, que ya es objeto de una investigación penal.
