Trece senadores de oposición han interpuesto un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar dos normativas clave del proyecto sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). La acción judicial se presenta apenas días después de que la iniciativa fuera despachada por el Senado con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención el miércoles 7 de octubre, marcando un nuevo obstáculo para una de las prioridades de la agenda de seguridad gubernamental.
Los parlamentarios cuestionan específicamente ciertas disposiciones relacionadas con el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal. Su principal argumento es que estas normas permitirían a los funcionarios utilizar armas de fuego en situaciones donde no exista un peligro grave o inminente para sus vidas o las de terceros. Estos reparos ya habían sido expresados durante el proceso de discusión legislativa.
El senador socialista Juan Luis Castro, uno de los firmantes, explicó que buscan que el Tribunal Constitucional revise esas disposiciones antes de que la iniciativa complete su tramitación.
La presentación del requerimiento surge en un momento crucial, mientras el Ejecutivo se esfuerza por mantener el dinamismo de su agenda de seguridad. En paralelo a esta situación, la Comisión de Constitución del Senado avanzó significativamente esta semana al despachar las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Este proyecto busca fortalecer la respuesta del sistema judicial ante jóvenes que cometen delitos graves o reiterados. Entre los cambios aprobados, se estableció un máximo de 10 años de sanción para adolescentes de 14 y 15 años, y de hasta 15 años para jóvenes de 16 y 17.
Además, se implementó que en delitos de especial gravedad se exigirá un período efectivo de privación de libertad, y la fuga o evasión durante el cumplimiento de una pena ahora se considerará quebrantamiento de condena. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, destacó que estas modificaciones están dirigidas a aquellos jóvenes involucrados en delitos violentos y que reinciden en el sistema penal.
A esto se suma el inicio de la tramitación de una nueva reforma constitucional de seguridad en el Senado. Esta iniciativa, impulsada por Pedro Araya, Andrés Longton, Arturo Squella, Karim Bianchi e Iván Flores, reemplaza la propuesta original del Gobierno y focaliza su discusión en el crimen organizado, el régimen penitenciario y el Estado de Emergencia.
Al respecto, el senador Iván Flores también abordó el requerimiento contra las RUF, aclarando que su postura no implica un desacuerdo con el proyecto, el cual él mismo votó a favor. Por ahora, la atención se centra nuevamente en el Tribunal Constitucional, que deberá realizar una revisión formal del requerimiento y, de ser admitido a trámite, emitirá un pronunciamiento sobre las normas cuestionadas antes de que las RUF puedan completar su proceso legislativo.
