Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han reavivado la discusión sobre la autonomía del Banco Central y los límites de intervención del Ejecutivo en sus decisiones. Esto ocurre luego de que Quiroz señalara la urgencia de aplicar medidas monetarias para contener la inflación, tras conocerse que el IPC de septiembre subió un 0,4%.
El ministro enfatizó que “la inflación y el IPC son una responsabilidad del Banco Central. El Banco Central es responsable de esta guía de precios. Nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”. Sus comentarios surgieron después de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara el aumento del 0,4% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante septiembre, acumulando un 4% en lo que va del año y un 4,1% a doce meses.
Este resultado mantiene la variación de precios por encima del 3%, la meta establecida por el Banco Central, y complica las proyecciones del Gobierno, que aspira a cerrar 2026 con una inflación del 3,8%.
La relevancia de las palabras de Quiroz reside en que el Banco Central es una entidad autónoma, cuya independencia está garantizada por la Constitución y su Ley Orgánica Constitucional. Esta autonomía impide que el Gobierno dicte al instituto emisor cómo actuar en política monetaria, como la Tasa de Política Monetaria (TPM), prerrogativa exclusiva de su Consejo.
El mandato legal del Banco Central es asegurar la estabilidad monetaria y mantener una inflación baja y estable, fijada en el 3% anual en un lapso de dos años. Por ello, que la inflación supere este nivel temporalmente no implica un incumplimiento de sus funciones. Aunque el organismo gestiona la política monetaria para controlar los precios, no es el único factor que incide en el costo de vida; la inflación también es influenciada por factores externos, como el precio de los combustibles y las fluctuaciones internacionales, la demanda interna y las decisiones de gasto fiscal del propio Ejecutivo.
El emplazamiento de Quiroz, por tanto, vuelve a generar tensión en la relación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, más aún considerando que el ministro ya había sido cuestionado previamente por opinar sobre asuntos que corresponden exclusivamente al organismo autónomo.
