El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió este miércoles sobre el riesgo constitucional que, a su juicio, representan las facultades de control de gasto de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre el Ministerio Público. Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Presupuestos, donde se analizó el Presupuesto 2027 de la institución, Valencia señaló que estas atribuciones afectan directamente la autonomía de la Fiscalía y podrían comprometer la reserva de las investigaciones.
Valencia explicó que la forma actual de transferir fondos desde el Ministerio de Seguridad, inicialmente pensada para el proyecto piloto ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios), se vuelve insostenible ahora que el equipo se ha consolidado. Según el fiscal, las exigencias de informes mensuales y autorizaciones al Ejecutivo para justificar gastos ponen en peligro la confidencialidad de las indagatorias.
“Una modalidad apropiada cuando se trataba de un proyecto que estábamos probando. Después, los resultados de ECOH nos parece que tiene que ser una actividad permanente en el Ministerio Público”, señaló.
El Fiscal Nacional enfatizó que las restricciones en los gastos y los límites a los viáticos no son un asunto menor de legalidad, sino un problema de nivel constitucional. Argumentó que detallar las necesidades de recursos ante un organismo dependiente del Poder Ejecutivo implica revelar información sensible o la existencia misma de investigaciones bajo reserva legal.
Ante esta situación, Valencia planteó que, de mantenerse el proyecto de Presupuesto 2027 en su forma actual, el Ministerio Público se vería obligado a reconsiderar la continuidad del proyecto ECOH.
“Considerando esa situación, es que hemos planteado, ya lo hicimos en el presupuesto del año pasado y lo insistimos este año, que sería preferible que estos fondos se incorporasen directamente al presupuesto del Ministerio Público y no dependiesen de una transferencia, considerando los resultados de ECOH medidos por evaluaciones independientes”, agregó.
Asimismo, Ángel Valencia recordó que las exigencias adicionales de la Dipres no formaban parte del acuerdo inicial que permitió implementar el proyecto ECOH, el cual representó un esfuerzo inusual de cooperación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
Este esfuerzo de cooperación, según Valencia, siempre ha tenido el potencial de tensionar la autonomía constitucional de la Fiscalía, pero se había logrado un acuerdo que consideraba razonable y respetuoso de las atribuciones de ambas partes. Sin embargo, la inclusión de estas nuevas medidas lo obligaría a revisar la continuidad del equipo.
“Porque todas estas informaciones, o estas aprobaciones, de alguna manera afectan o ponen en riesgo nuestra obligación también de reserva de las investigaciones. ¿Cómo le voy a justificar una decisión de gasto a la a la Dipres que se origina en la necesidad de una investigación?”, cerró el Fiscal Nacional.
