El Tribunal Oral de Iquique dictó sentencia contra Rubén Guiza Castro, un abogado que se desempeñaba en la Municipalidad de la ciudad, al considerarlo autor del delito de cohecho agravado. Esta condena es resultado de dos semanas de presentación de pruebas por parte de la Fiscalía en una de las aristas del ‘caso Luminarias LED’, una investigación que ya suma 15 personas condenadas.
Los actos de corrupción por los que se condenó a Guiza Castro tuvieron lugar entre los años 2017 y 2018. Se relacionan directamente con la licitación para la reposición del alumbrado público en Iquique. Entre los ya condenados figuran gerentes de las empresas Itelecom y ELEC, así como ex concejales de Iquique, otros particulares y funcionarios públicos. Un imputado adicional recibió la suspensión condicional del procedimiento, mientras que la funcionaria pública Daniela Vargas Barbaric fue absuelta.
El fiscal Pablo Medina, a cargo del caso, confirmó que el tribunal dio por establecidos los “actos que atentaban contra la probidad pública” cometidos por el acusado. Estos actos consistieron en aceptar dinero a cambio de realizar acciones que infringían los deberes de su cargo, según lo detallado por la Fiscalía durante el proceso judicial.
El veredicto acreditó que en septiembre de 2018, Guiza Castro, en su rol de abogado del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique, unidad encargada de aprobar procesos de adjudicación de licitaciones como la de luminarias LED, actuó en concierto con Gustavo Bernardo Proby Yun Kan.
El tribunal detalló que el abogado “tomó contacto telefónico con Cristian Luis Ureta Bravo, perteneciente a la empresa Itelecom, y le solicitó el pago de un beneficio económico”. Guiza Castro se aprovechó de tener en su oficina los antecedentes del decreto de adjudicación, dando a entender que la aprobación de este dependía del pago solicitado. La Fiscalía presentó como pruebas contundentes conversaciones telefónicas interceptadas y testimonios de funcionarios de la Policía de Investigaciones que participaron en las diligencias.
Durante el juicio oral, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Iquique comparecieron como querellantes. La sentencia definitiva, con la determinación de la pena, será anunciada el próximo 15 de octubre, marcando un nuevo capítulo en este mediático caso de corrupción en la región.
