El proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el Gobierno, contiene 51 artículos que modifican sustancialmente diversas normativas, afectando a gobiernos regionales, funcionarios públicos y municipios. Entre las principales implicaciones se encuentra una reducción de la participación de las regiones en la venta de inmuebles fiscales, una drástica disminución de cupos para pasar a trabajadores a contrata y la postergación de la implementación de algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Una de las reformas más discutidas es el cambio en la distribución de los fondos recaudados por la venta de inmuebles fiscales. Actualmente, las regiones reciben el 65% de estos ingresos, Bienes Nacionales un 10% y el Fisco el 25% restante. La propuesta de 2027 invierte esta proporción, asignando solo un 35% a los gobiernos regionales, mientras el Fisco obtendría el 65%. Esto representa una pérdida de 30 puntos porcentuales para las regiones, con un impacto que podría ser significativo en zonas con alta actividad de ventas fiscales como Antofagasta.
En cuanto al empleo público, el presupuesto reduce los cupos para el traspaso de trabajadores a honorarios a contrata de 6.500 en 2026 a solo 1.500 en 2027. Esta disminución, cercana al 77%, forma parte de las medidas de control de dotaciones del Estado. Se mantiene, además, la política de reponer solo un cupo por cada tres retiros de vacantes.
Otro punto crucial se registra en el ámbito educativo. El artículo 40 suspende para 2027 el traspaso de establecimientos a cinco SLEP: Litoral, Los Cerezos, Los Copihues, Chacabuco y Los Viñedos. Esto significa que estos establecimientos seguirán bajo administración municipal por un año más, aunque el SLEP Litoral, por ejemplo, recibirá 2.643 millones de pesos para su instalación sin aún operar los colegios. Esta decisión se suma a la discusión legislativa de un proyecto que busca postergar hasta 2030 la entrada en funcionamiento de 12 SLEP.
Simultáneamente, el Gobierno planea incrementar el techo de endeudamiento, elevándolo de US$17.400 millones en 2026 a US$25.000 millones en 2027, lo que representa un aumento del 44%. El presupuesto también introduce medidas para agilizar inversiones y aumentar la transparencia en sumarios por mal uso de licencias médicas, además de endurecer las reglas para municipios con saldos SEP sin ejecutar.
